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La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha presentado un documento de alegaciones al proyecto normativo de modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, elaborado por el Ministerio de Hacienda, que con fines de prevención del fraude fiscal, establece una obligación de información para las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos.
La asociación, que se encarga de promover y apoyar la economía digital en España, asegura que estas exigencias son contrarias “a la normativa comunitaria y estatal, así como a los principios del mercado interior y de unidad de mercado” e imponen “graves e injustificados obstáculos” a la libre prestación de servicios por parte de las plataformas digitales.
Según informa, las plataformas digitales de alojamientos turísticos son consideradas Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información y se rigen por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y conforme a esta consideración, su actividad es meramente técnica y automatizada, lo que implica que no tienen conocimiento efectivo ni control sobre la información transmitida o almacenada en sus webs y aplicaciones.
El Proyecto de Real Decreto preparado por Hacienda impone a las plataformas que intermedian en el alquiler de viviendas turísticas a proporcionar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria información sobre sus usuarios (tanto quienes ofrecen una vivienda como quienes la alquilan) bajo la premisa de evitar el fraude fiscal. Se refiere a datos personales (nombre, apellidos, documento de identidad), referencias catastrales de los inmuebles, e incluso detalles sobre la duración de las estancias, el importe de cada alquiler o la naturaleza del intercambio cuando no exista contraprestación económica.
Adigital asegura que las exigencias de Proyecto de Real Decreto son manifiestamente contrarias a la normativa que les es de aplicación. Es más, advierte de que la obligatoriedad de establecer mecanismos de monitorización de los contenidos y de posterior comunicación de los datos recabados a la Administración implicaría modificar un régimen de responsabilidad que, tal y como ha manifestado la propia Comisión Europea, ha impulsado el crecimiento de la Sociedad de la Información.
Igualmente, Adigital advierte de que el borrador propuesto incluye bajo una misma categoría a todas las plataformas que intermedian en el mercado, que van desde las plataformas que se limitan a ser un portal de anuncios clasificados hasta plataformas que permiten servicios adicionales perfeccionando la intermediación. En ningún caso, anota, el borrador tiene en cuenta esta diversidad de modelos existentes según el tipo de intermediación que realizan y la información que cada una recaba de sus usuarios.
Por otro lado, la Asociación Española de la Economía Digital estima que el Proyecto del Ministerio de Hacienda y Función Pública no respeta la obligación de los Estados miembro de comunicar a la Comisión Europea cualquier proyecto de reglamento relativo a los servicios de la sociedad de la información. Tampoco atiende, asegura, a los principios de proporcionalidad y regulación eficiente.
