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El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha hecho pública la inversión del Estado en políticas activas de empleo para el año 2019. Después de Andalucía -que por tasa de paro y población es históricamente la región más beneficiada por este concepto-, Cataluña es la segunda Comunidad Autónoma con mayor dotación para ello: más de 335 millones de euros, un 16,6% de los más de 2.000 millones que otorga el Estado en este apartado.
El Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) contiene servicios y programas de políticas activas de empleo que se proponen llevar a cabo las Comunidades Autónomas. Para el desarrollo de estas medidas se ha previsto para Cataluña 335,9 millones de euros, apenas cinco millones menos que los otorgados a Andalucía, que cuenta con 340,3 millones de euros.
Andalucía y Extremadura son las dos regiones con la tasa de desempleo más alta de España con un 21,3% y un 23,1%, respectivamente. Sin embargo, la dotación para Cataluña es muy similar a la de los andaluces, cuando la tasa de paro catalana es más parecida a la madrileña, mientras que la Generalitat recibe setenta millones de euros más que la capital.
La dotación de las Comunidades Autónomas tiene distintos factores a tener en cuenta. Uno de ellos es el número de habitantes de cada zona, algo que podría excusar el alto presupuesto para Cataluña en algunos casos pero no en otros.
Tras Cataluña, Andalucía y Madrid, que conforman el podio de las comunidades autónomas que más ingresos brutos percibe, se encuentran Galicia, Canarias y Castilla y León. Esta última, eso sí, recibe casi tres veces menos que Cataluña. En el otro lado, La Rioja, Navarra y Cantabria son las regiones que menos ingresan en concepto de políticas activas de empleo.
La distribución de presupuesto ha sido hecha pública por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. La cantidad final a distribuir será inferior al aumento presupuestario inicialmente previsto (2.473 millones de euros) debido a la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Durante su intervención, la Ministra ha hecho mención a la Conferencia de Presidentes celebrada el 17 de enero de 2017, en la que se acordó, entre sus prioridades, “orientar los servicios y programas en materia de políticas activas de empleo a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, a la efectiva implantación de la Garantía Juvenil en España y a favorecer la empleabilidad de otros colectivos vulnerables afectados por el paro de larga duración”.
