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El pasado mes de julio fue un mes muy activo legislativamente hablando ya que se produjo la publicación de un abanico de normas, algunas legales y otras reglamentarias, que afectaban a diversas ramas jurídicas. A las de índole fiscal o laboral las hemos hecho objeto de comentario en el presente número de septiembre.
Entre dichas normas, si bien de índole procesal, se encuentra la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y cuya Disposición final tercera modifica la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para cambiar sustancialmente la regulación del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo. La nueva regulación de la casación elimina la cuantía fijada hasta ahora en 600.000 euros y abre la posibilidad de que puedan ser recurridas en casación sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. La reforma configura el recurso de casación como un instrumento para asegurar la uniformidad en la aplicación judicial del derecho y, en consecuencia, el recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. A tal fin, se establece una lista ejemplificativa de supuestos en los que el Tribunal Supremo puede apreciar que existe dicho interés casacional. Tras el nuevo diseño del recurso de casación ya no tienen sentido los recursos de casación para la unificación de doctrina y en interés de ley cuya regulación se suprime.
También el mes de septiembre se aventura productivo en la aprobación de nueva normativa. En el momento de escribir estas líneas, existen un gran número de proyectos de ley pendientes de su aprobación parlamentaria, algunos de ellos con gran trascendencia tributaria, como el que modifica la Ley General Tributaria o el Proyecto de ley orgánica que regula el acceso y la publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Y también laboral, como el Proyecto de ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo o el Proyecto de ley por el que se modifica la normativa en materia de autoempleo, y que seguramente serán aprobados durante este mes de septiembre para evitar que decaigan con la disolución de las Cámaras ante las próximas Elecciones Generales.
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