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Según el borrador del Plan, presentado el pasado mes de noviembre por el Secretario de Estado de Hacienda, D. Miguel Angel Fernández Ordóñez, y por el Director General de la Agencia Tributaria, D. Luis Pedroche, a partir del próximo año habrá más actuacio
Además, se crearán unidades integrales de inspección-recaudación, y se impulsarán medidas cautelares para el cobro de las deudas descubiertas.
Fernández Ordóñez explicó que con este nuevo Plan se pretende un cambio de orientación en la labor que desempeña la Agencia Tributaria en relación con el fraude fiscal, de manera que se pase de la comprobación a la investigación, de la oficina a la calle, para buscar nuevas fuentes de información que permitan descubrir rentas y patrimonios no declarados.
Uno de los principales ámbitos de actuación es el sector inmobiliario, para el que se proponen más de 50 medidas, como consignar en la escritura el medio de pago y si se ha hecho en metálico, el seguimiento de las promociones con un control simultáneo del promotor y los compradores, la inclusión de la referencia catastral en todos los contratos, la inscripción en el Registro de la Propiedad de documentos privados y pagos anticipados, y una planificación integral de control desde la recalificación del suelo.
Además, se establecerá una renta estimada para las sociedades interpuestas – patrimoniales – con inmuebles por encima de un determinado valor y habrá un control de arrendamientos de viviendas, locales comerciales y naves de almacenamiento, comprobando muchos inmuebles «aparentemente desocupados».
En cuanto al sistema de módulos, Fernández Ordóñez indicó que hay que mejorar su control, pues una minoría lo utiliza para emitir facturas falsas del I.V.A. Para evitarlo, el Plan contempla el establecimiento de una retención sobre el pago de las facturas emitidas por determinados empresarios en módulos a otros empresarios o profesionales.
Asímismo, se propone excluir del recargo de equivalencia en el I.V.A. a los contribuyentes que declaran por estimación directa en el I.R.P.F., con el objeto de favorecer la modernización empresarial al permitir deducir el I.V.A. de bienes de inversión. A medio lazo, el recargo de equivalencia en el I.V.A. – que ya no existe en otros Estados miembros de la U.E. – se sustituiría por un nuevo régimen de pagos a cuenta o la ampliación del actual régimen simplificado.
Otra de las áreas prioritarias de actuación son las tramas de fraude en el I.V.A. Para combatirlas se plantean más de 40 medidas, entre ellas la responsabilidad conjunta de distribuidores y compradores implicados en tramas – como ya existe en Reino Unido, Holanda, Alemania y Austria -.; las visitas a operadores intracomunitarios y a nidos de sociedades para verificar la actividad; y el control inmediato de las matriculaciones de vehículos de gama alta procedentes de operaciones intracomunitarias – sector donde se han detectado tramas de fraude en el Impuesto de Matriculación y en el I.V.A. -.
Para evitar la elusión fiscal mediante paraísos fiscales o ingeniería fiscal se analiza la posibilidad de limitar o impedir a través de una norma los traslados artificiales de gastos e ingresos entre sociedades del mismo grupo, así como establecer la presunción de residencia fiscal cuando hay activos dominantes.
Respecto al blanqueo de capitales, que provienen fundamentalmente del narcotráfico, se investigarán las exportaciones inconsistentes en su volumen o en su destino, se ampliará la información sobre movimientos de divisas y se investigará sobre el terreno de residencias de lujo.
Por otra parte, se considera necesario un Convenio para incrementar la colaboración policial en la investigación y persecución del fraude fiscal. En cuanto al delito fiscal, se plantea la posibilidad de realizar una propuesta detallada a los órganos jurisdiccionales con las pruebas y medidas cautelares que podrían realizarse en sede judicial.
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