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Desde el punto de vista de la justicia tributaria, es decir del control de la actividad de la Administración tributaria y defensa de los intereses legítimos de los ciudadanos, es extraordinariamente preocupante la falta de formación jurídica de los miembros de la Magistratura en materia tributaria.
En efecto, la consulta del amplísimo temario exigido a los aspirantes a jueces para su acceso a la carrera judicial con profusión del estudio sobre instituciones tan poco vigentes actualmente como la enfiteusis o los Corredores-Intérpretes de buques sorprende por la ausencia de cualquier tema de carácter fiscal. No hay ni un solo tema en el que se analicen las cuestiones tributarias.
Esta escasa preparación de los órganos del poder judicial tiene varias consecuencias, todos ellas igualmente perniciosas, para los justiciables y para el Estado de Derecho como tal: retraso en la resolución de las cuestiones planteadas que acompañadas por la obligación de aportar garantías bajo forma de avales significa un coste económico para los ciudadanos, existencia de soluciones contradictorias (existen 17 Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo), escasa calidad jurídica de algunas sentencias y la sensación de frustración que produce en el ciudadano la anulación de normas que le afectan cuando las situaciones ya se han convertido en firmes para ellos.
Como muestra de esta situación baste recordar las estadísticas que demuestran que el número de delitos fiscales denunciados por la Inspección a la Fiscalía. De los 3.049 casos de delito fiscal pero sólo se resolvieron 368, es decir, un 12% del total. Por lo tanto, el 88% de los procedimientos penales por delito fiscal no se han resuelto. Ante esta situación la seguridad jurídica de los encausados se encuentra en serie peligro puesto que pueden transcurrir años hasta que se determinen las responsabilidades penales y civiles, en su caso. Además, en los supuestos de delito fiscal la influencia del informe preceptivo emanado de la Inspección de los Tributos se convierte en determinante de la solución que será finalmente adoptada por el tribunal enjuiciador.
¿Cuáles son las soluciones que pueden adoptarse ante esta situación? Además de clamar por la mejora de la formación general de todos los jueces y magistrados cabría plantearse la posibilidad de crear un cuerpo de jueces y magistrados especializados en materias tributarias. De hecho, a través de la figura de los Magistrados sustitutos están entrando en el ámbito de la práctica judicial numerosos Catedráticos y Profesores de Universidad especialistas en Derecho Tributario. La calidad de sus sentencias es muy destacable, además de servir de modelo y de punto de referencia para otros Jueces y Tribunales (esta posibilidad tiene como obstáculo las limitaciones retributivas previstas por compatibilizar ambos cargos).
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