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La Comisión envió ayer un dictamen motivado a España pidiéndole modificar sus normas sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo («Modelo 720»).
La Comisión considera que España tiene derecho de exigir a sus contribuyentes que notifiquen a las autoridades determinados activos que mantienen en el extranjero, pero las multas impuestas en caso de incumplimiento son desproporcionadas.
La Comisión entiende que como las multas son mucho más altas que las sanciones aplicadas en un contexto puramente nacional, la normativa puede disuadir a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él. Por ello, estas disposiciones son discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE.
La Comisión ha pedido a España que vele por que sus normas sobre los activos en el extranjero sean proporcionadas. Si no se recibe una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar a España ante el TJUE.
