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La Comisión Europea propuso ayer nuevas y estrictas normas de transparencia para los intermediarios, tales como bancos, contables, asesores fiscales y abogados, que formulan y promueven estrategias de planificación fiscal para sus clientes.
Las filtraciones recientes en los medios de comunicación, como los papeles de Panamá, han puesto de manifiesto la manera en que algunos intermediarios ayudan activamente a las empresas y los particulares a evadir impuestos, generalmente por medio de complejos sistemas transfronterizos. La propuesta de hoy tiene por objeto abordar este tipo de planificación fiscal agresiva aumentando las actividades de control de prácticas antes desconocidas de los planificadores y asesores fiscales.
Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, responsable del Euro y el Diálogo Social, Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, ha declarado: «La UE está ahora en la vanguardia a la hora de aportar más transparencia al mundo de la planificación fiscal agresiva. Esta labor ya está arrojando resultados. Lo que proponemos hoy es declarar responsables a los intermediarios que creen y vendan regímenes de elusión fiscal. En última instancia, todo ello se traducirá en mayores ingresos fiscales para los Estados miembros».
Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha afirmado: «Seguimos reforzando nuestro programa de transparencia fiscal. Hoy estamos con la mirada puesta en los profesionales que fomentan el fraude fiscal. Las administraciones tributarias deben disponer de la información que necesitan para contrarrestar las prácticas de planificación fiscal agresiva. La propuesta de hoy aportará una mayor seguridad jurídica para los intermediarios que respetan el espíritu y la letra de nuestra legislación, y hará la vida muy difícil a quienes no lo hagan. Sigue progresando nuestra labor para conseguir una fiscalidad más equitativa en toda Europa».
Los sistemas de planificación fiscal transfronteriza con determinadas características o «signos distintivos» que puedan dar lugar a pérdidas para las administraciones públicas tendrán que notificarse automáticamente a las autoridades fiscales antes de su utilización. La Comisión ha determinado los principales signos distintivos, incluido el uso de las pérdidas a fin de reducir la responsabilidad tributaria, la utilización de regímenes fiscales más favorables o disposiciones a través de países que no cumplen las normas internacionales de buena gobernanza.
La obligación de notificar un régimen transfronterizo que presenten uno o varios de estos signos distintivos correrá a cargo:
- del intermediario que suministre el régimen transfronterizo para su aplicación y uso por una empresa o particular;
- del particular o empresa que reciba el asesoramiento, en el caso de que el intermediario que suministre el régimen transfronterizo no tenga su sede en la UE, o de que el intermediario esté vinculado por el secreto profesional o las normas sobre secreto;
- del particular o empresa que aplique el régimen transfronterizo cuando lo formulen asesores fiscales o abogados propios.
Los Estados miembros intercambiarán automáticamente la información que reciban sobre los mecanismos de planificación fiscal a través de una base centralizada, que les dará aviso tempranamente de nuevos riesgos de elusión y les permitirá adoptar medidas para bloquear los regímenes perjudiciales. La obligación de notificar un régimen no significa necesariamente que sea perjudicial, sino que merece un control por parte de las autoridades fiscales. No obstante, los Estados miembros estarán obligados a aplicar sanciones efectivas y disuasorias a las empresas que incumplan las medidas de transparencia, lo que supondrá un nuevo y potente elemento disuasorio para quienes fomenten o faciliten el fraude fiscal.
Las nuevas normas tienen un alcance general, pues abarcan la totalidad de los intermediarios y todos los regímenes potencialmente perjudiciales existentes en todos los Estados miembros. Los datos de cualquier régimen fiscal que contenga uno o varios signos distintivos deberán comunicarse a la autoridad tributaria de origen del intermediario en el plazo de cinco días desde el suministro de dicho régimen a un cliente.
La propuesta reforzará aún más la normativa de la UE en materia de transparencia fiscal al arrojar nueva luz sobre las actividades de los intermediarios y de los mecanismos de planificación fiscal que se están utilizando. También garantizará un enfoque armonizado de la UE a la hora de aplicar las disposiciones en materia de divulgación obligatoria de las disposiciones recomendadas en el proyecto de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS), refrendado por el G20. El pasado mes de octubre, los Estados miembros expresaron su apoyo a una propuesta de la Comisión sobre estas medidas.
La propuesta, que adopta la forma de una modificación de la Directiva de cooperación administrativa (DCA), se presentará al Parlamento Europeo a efectos de consulta y al Consejo para su adopción. Se prevé que los nuevos requisitos de información entrarán en vigor el 1 de enero de 2019 y, con posterioridad, los Estados miembros de la UE estarán obligados a intercambiar información cada tres meses.
