Nueva Fiscalía europea para combatir el fraude con fondos de la UE.

El Parlamento Europeo apoya nueva Fiscalía europea para combatir el fraude con fondos de la UE.

Alrededor de 637,6 millones de euros procedentes del presupuesto de la UE se vieron afectados por el fraude en 2015, según datos de la Comisión Europea, mientras que el fraude del IVA intracomunitario cuesta a los contribuyentes unos 50.000 millones de euros al año.

La Fiscalía Europea será un organismo independiente de la UE con autoridad para investigar y enjuiciar el fraude en la UE y otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión.

El Parlamento ha insistido en su establecimiento a través de distintas resoluciones desde 2014 y la semana pasada votó a favor de su creación.

Tras recibir el visto bueno del Parlamento, el Consejo puede ya aprobar formalmente el reglamento para la creación de la Fiscalía. El nuevo órgano podrá empezar a funcionar en 2020 o 2021.

Actualmente, sólo las autoridades nacionales pueden investigar y enjuiciar el fraude de la UE. Sus competencias llegan hasta sus fronteras nacionales. Los organismos de la Unión existentes (como la OLAF, Eurojust y Europol) no tienen mandato para realizar investigaciones penales. La Fiscalía Europea cubrirá esta laguna institucional. Será el único cuerpo comunitario con esta función y tendrá jurisdicción en toda la UE para hacer frente a las sospechas de conducta delictiva dentro de sus competencias.

La Fiscalía Europea hará posible un intercambio rápido de información, investigaciones policiales coordinadas y congelación rápida y confiscación de activos. Permitirá también arrestar a sospechosos entre países de la UE.

España y otros 19 Estados miembros de la UE – Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Alemania, Grecia, Italia, Finlandia, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia- han decidido participar mediante lo que se conoce como “cooperación reforzada”.

Tendrá su sede en Luxemburgo, y estará organizada en dos niveles. El nivel central consistirá en un Fiscal General Europeo, que asumirá la responsabilidad general de la oficina. El nivel descentralizado estará compuesto por fiscales delegados europeos situados en los Estados miembros, encargados del funcionamiento diario de las investigaciones y fiscalizaciones en consonancia con el reglamento y la legislación del respectivo Estado miembro.

El nivel central controlará, dirigirá y supervisará todas las investigaciones y actuaciones judiciales realizadas por los fiscales europeos delegados, y garantizará así una política coherente de investigación y fiscalización en toda Europa.

A pesar de que su competencia se limita a los Estados miembros participantes, la Fiscalía Europea cooperará con los demás Estados miembros no participantes. A este respecto, el Consejo ha invitado a la Comisión a reflexionar sobre la presentación de las oportunas propuestas para garantizar la eficacia de esta cooperación judicial.