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La mas polémica medida, era la que establecía la obligación de cotizar por las prácticas no remuneradas, tal y como acordó con los sindicatos, frente a lo cual, se posicionaron tanto universidades como empresas.
La ministra, ha reconocido que los empresarios son “reticentes a pagar, sobre todo en determinados ciclos formativos”. Asimismo, la CEOE ya se puso en contacto con el Ejecutivo para tratar de frenar la medida, pués conlleva un incremento de costes para las empresas que se suman a los que ya afrontan, lo que puede acabar poniendo en peligro dichas prácticas. También las universidades, a través del CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) se opuso a esta medida planteada por el Ejecutivo.
Sin duda, este cambio provocará un desencuentro con los sindicatos, con quien se comprometió a realizar un estatuto del estudiante en prácticas que incluyese la obligación de cotizar a la Seguridad Social. Al respecto, se ha determinado un plazo de tres meses para recabar las opiniones del resto de grupos parlamentarios y completar el desarrollo reglamentario.
