Alertas Jurídicas sábado , 17 abril 2021
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Directiva ‘whistleblowing’: los canales internos de denuncia ya son una realidad en la UE

AUTOR: Rosa Zarza, socia responsable del departamento de Derecho Laboral de Garrigues

EN BREVE:

La Directiva sobre whistleblowing, destaca que su ámbito material alcance tanto al sector privado como al público, de tal modo que las relaciones laborales a las que hace alusión no son equivalentes a las que resultarían del ámbito de aplicación del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, sino que se extiende a trabajadores, funcionarios y otras personas en contacto con la entidad.

SUMARIO:

  1. ¿Quién es el whistleblower?
  2. Precedentes legislativos de la protección al whistleblower
  3. La Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
  4. La protección al denunciante en España.
  5. Conclusiones

DESTACADOS:

  • “Más allá de la influencia del derecho anglosajón, países con asentadas culturas jurídicas continentales como Francia o Italia ya habían iniciado la andadura legislativa en la protección de los denunciantes”
  • “De la Directiva europea emanan dos cuestiones con elevadas repercusiones en las relaciones laborales: la obligación de instaurar canales de denuncia y la imperativa protección al denunciante”
  • “La protección frente a represalias por el hecho de ostentar la condición de denunciante solo se otorga a las personas físicas, excluyendo a las personas jurídicas que hagan uso de los canales de denuncia”
  • “La Ley de Igualdad de 2007 ya introdujo la figura de los canales de denuncia en el seno de las empresas, en este caso en el marco del acoso sexual y por razón de sexo y su existencia se refuerza en el texto del borrador de  Real Decreto por el que se regulan los Planes de Igualdad y su registro, cuya aprobación se prevé para las próximas semanas”
  • “La protección prioritaria y extendidamente aplicada como reacción ante represalias del empresario es la genérica garantía de indemnidad que otorga el artículo 24.1 de la Constitución Española”

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