Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la recaudación de la Agencia Tributaria en 2017 será de unos 194.500 millones de euros, lo que supone que el Gobierno sobreestimó en unos 6.500 millones los ingresos fiscales para el pasado año cuando había previsto recaudar algo más de 200.000 millones, tal y como se desprende de los Presupuestos Generales del Estado para este año.
En cuanto a las partidas de gasto que se verán más afectadas para compensar el desfase existente por el lado de los ingresos, los técnicos recuerdan que no se conocerán hasta finales del próximo mes de marzo, cuando el Gobierno rinda cuentas de la ejecución presupuestaria del pasado mes.
Sin embargo, tras analizar los últimos datos de ejecución hasta noviembre, auguran que las partidas relacionadas con las subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías, la coordinación y promoción del turismo, la cooperación económica local del Estado, la reconversión y reindustrialización, y la cooperación para el desarrollo serán las cinco más damnificadas.
Asimismo, y al igual que sostiene la Comisión Europea, Gestha avisa de que la reforma fiscal, lejos de contribuir a mejorar la recaudación, ha mermado los ingresos tributarios, puesto que ha costado más de 12.400 millones entre los años 2015 y 2016, lo que supone un 0,55% y un 0,58% del PIB, respectivamente, y no incide de forma relevante en los efectos multiplicadores en el crecimiento del PIB.
La prueba está en que si bien los ingresos en 2017 estarán un 4,4% por encima de 2016, no alcanzarán todavía el récord cosechado en 2007, cuando se ingresaron 200.676 millones de euros. Y es que aunque las subidas del IRPF e IVA que se aprobaron en 2010 y 2012 hayan provocado una mejora continua de la recaudación, incrementar los ingresos del Impuesto de Sociedades sigue siendo una asignatura pendiente, pues aún no ha recuperado la recaudación de hace una década.
De hecho, el Impuesto sobre Sociedades acumula un desplome de casi el 50% desde 2007 y es el único que aún no ha logrado el nivel de ingresos previo a la crisis, a pesar de las medidas implantadas por los sucesivos Gobiernos para impulsar la recaudación de las empresas, como las limitaciones de la deducción de determinados gastos financieros o de la compensación de bases imponibles negativas o el pago a cuenta mínimo de las grandes sociedades.