Leonardo Cárdenas Armesto
Socio Área Fiscal y Tributario
AGM Abogados – Barcelona
El Ministro Montoro ha anunciado una campaña de Hacienda en aras al seguimiento del comercio online de algunas redes sociales como Wallapop, milanuncios, etc., que promueven la compra venta de productos de segunda mano entre particulares.
El motivo es que el mundo de Internet está generando nuevas formas de relacionarse los consumidores y las empresas, y Hacienda no quiere quedar al margen de estas transacciones.
Es bien cierto que cuando las operaciones de venta se producen por empresarios, las mismas quedan sujetas al IVA, no ocurriendo lo mismo con las realizadas por los particulares.
En estos casos, tal y como establece la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), las operaciones quedan sujetas al citado tributo, y al tratarse de bienes muebles, el impuesto que se debe pagar, es el ITP, y al tipo del 4 %, que recaudan las Comunidades Autónomas.
Esto quiere decir que cuando se adquiere a una particular un cuadro a través de una web de subastas o una bicicleta a través de una página de Internet, el comprador está obligado a pagar el impuesto sobre el precio de compra, al tipo del 4 % e ingresarlo en las oficinas de Hacienda de la CCAA, en el plazo de 1 mes, por medio del impreso modelo 600. Significa que si los muebles que adquirimos a un particular nos cuesta 1.000€, el comprador debería pagar 40€ de impuestos.
Está claro que con la capacidad informática que tiene Hacienda, es fácil detectar las personas que compran y venden dichos productos, y requerirles a los mismos, cuando se convierte en una fórmula habitual de éstos.
Por otro lado, a su vez, al vendedor, -sobre todo cuando es «habitual» de esas redes- puede generarle este tipo de ventas, un beneficio, por lo que tendrá que pagar su impuesto sobre la renta por las plusvalías generadas, que no por las minusvalías.
Ya se han empezado a recibir de determinadas administraciones autonómicas requerimientos a particulares que han adquirido bienes en subastas online reclamando el impuesto.
Habrá que ver qué interés ponen las Administraciones en controlar estas transacciones, pero el consumidor deberá estar atento al cumplimiento de sus obligaciones.