INCONSTITUCIONALIDAD DE LA MODIFICACIÓN PREVISTA DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA

á          Tras la aprobación de la Ley de Derechos y Garantías del Contribuyente, la notificación de acto administrativo de apertura de expediente sancionador producía la interrupción de la prescripción.

á          El presunto infractor debe quedar sometido al ius puniendi del Estado: Derecho penal, Derecho sancionador administrativo y Derecho sancionador tributario.

á          La separación de procedimientos de comprobación y sancionador pierde sentido con la reforma prevista del art.66 de la Ley General Tributaria.

á          La singularidad de lo tributario no justifica un tratamiento desigual para la situación del presunto infractor.

á          La consideración de la Administración como potentior persona no es trasladable al Derecho sancionador, en general, ni en particular al procedimiento por el que se rige.

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