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La reclamación económico-administrativa puede iniciarse o bien mediante escrito en el que el interesado se limite a solicitar que se tenga por interpuesta, acompañando, siempre que ello fuese posible, fotocopia del documento en el que se haya dado traslado del acto administrativo objeto de impugnación, o bien formulando además las alegaciones en que se funde dicha reclamación. Esta primera modalidad es la más habitual, puesto que los interesados no suelen formular las alegaciones fundamentadoras del recurso hasta que se les pone de manifiesto el expediente, a fin de conocer así los datos de hecho y de derecho que sirvieron de base al acto impugnado. En la nueva Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se encuentra regulada en los artículos 213 y siguientes de la misma, sin perjuicio de su posterior desarrollo reglamentario.
En los procedimientos especiales de revisión, recursos y reclamaciones previstos en este título serán de aplicación las normas sobre capacidad y representación establecidas en la Sección IV del Capítulo II del título II de la Ley, y las normas sobre prueba y notificaciones establecidas en las Secciones II y III del Capítulo II del Título III de la Ley.
Las resoluciones de los procedimientos especiales de revisión, recursos y reclamaciones deberán ser motivadas, con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho.
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