El PE pide reformas importantes contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.

Registros públicos de propietarios reales, protección para los denunciantes y normas para los intermediarios son imprescindibles, según el PE, para combatir la evasión fiscal en la UE.

Las medidas se encuentran entre las 211 recomendaciones formuladas por la comisión de investigación sobre el blanqueo de capitales, la elusión y evasión fiscal (PANA), que el pleno aprobó el pasado miércoles con 492 votos a favor, 50 en contra y 136 abstenciones.

Entre otras iniciativas, el Parlamento propone:

• registros sobre los titulares reales de las sociedades de titularidad real “normalizados, actualizados periódicamente, de acceso público e interconectados” de “fideicomisos, fiduciarios, fundaciones y otros regímenes jurídicos similares, comerciales y no comerciales”,

• nuevas normas para los intermediarios, como abogados o contables, que ayudan a una planificación fiscal abusiva, además de “incentivos para que se abstengan de practicar la evasión y elusión fiscales”,

• definiciones comunes internacionales sobre lo que constituye un centro financiero extraterritorial, un paraíso fiscal, un país o territorio que aplica la opacidad fiscal, un país o territorio que no coopera en materia fiscal, y un país de alto riesgo en términos de blanqueo de capitales,

• protección y asistencia económica adecuada para los denunciantes,

• sanciones “disuasorias” tanto a escala de la Unión como en los Estados miembros contra bancos e intermediarios que participen “de forma consciente, deliberada y sistemática en mecanismos fiscales ilegales o de blanqueo de capitales”.

Los eurodiputados lamentaron la aparición de varios países de la UE en los “papeles de Panamá” y señalaron la “falta de voluntad política de algunos Estados miembros para avanzar en las reformas y la aplicación de la ley”.

Los cambios en la legislación comunitaria sobre fiscalidad requieren unanimidad de los Estados miembros. El Parlamento insta a sustituir la unanimidad por mayoría cualificada. También pide una revisión radical del hermético Grupo sobre el Código de Conducta para que “redefina radicalmente” su “estructura de gobierno y transparencia”.

El informe y las recomendaciones de la comisión especial de investigación serán remitidos al Consejo y la Comisión para su consideración.

La votación pone fin a 18 meses de trabajo en la comisión, creada en junio de 2015 tras las revelaciones de los Papeles de Panamá con el objetivo de eliminar de raíz las prácticas reveladas por los documentos filtrados.