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Impuestos sobre caza, vertidos e incineración de residuos, plaguicidas, esquí alpino o ganadería intensiva son algunos de los nuevos gravámenes ambientales que piden las diferentes organizaciones ecologistas al Gobierno como parte de una «profunda reforma fiscal».
Esa reforma debería integrar, a su juicio, criterios que trasladen los costes ambientales a los responsables de actividades económicas que afecten directamente al ambiente, ayuden a reducir desequilibrios sociales, bonifiquen las buenas prácticas ambientales, según los representantes de las cinco principales ONG que abogan por la conservación del medio ambiente.
Estas organizaciones han presentado este martes su documento que considera necesario definir tres bloques fiscales, el primero incluye la introducción de criterios ambientales en impuestos ya existentes como el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades, el canon del agua o los impuestos sobre hidrocarburos.
Un segundo bloque propone la creación de nuevos impuestos que incluyen, además de los citados, otros sobre el cambio de usos del suelo, sustancias de «elevado nivel de preocupación» como las carcinógenas o tóxicas, extracción de aguas subterráneas, envases no reutilizables, actuaciones en suelo rural, actividades extractivas mineras, el carbono o la pernoctación turística.
El último bloque de impuestos planteados en este documento afecta a la regulación sobre haciendas locales, incluyendo la tasa de residuos, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el de actividades económicas, entre otros.
Se trata de propuestas «eficaces y que cambian comportamientos, que es lo que estamos pretendiendo», ha añadido el coordinador de Ecologistas en Acción, mientras que el secretario general de WWF España ha insistido en la necesidad de bonificar la existencia de fincas y terrenos que mantienen la biodiversidad en España.
El informe recuerda que la fiscalizad española, en términos de PIB, ocupa el puesto 25 en la clasificación de fiscalidad ambiental de los 28 miembros actuales de la Unión Europea.
