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Principales resultados del ECOFIN 8.11.2016

Lista de la UE de países y territorios no cooperadores

El Consejo ha llegado a un acuerdo sobre los criterios y el procedimiento que se emplearán para establecer una lista común de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales.

Está previsto que el examen de los países y territorios no cooperadores haya finalizado para septiembre de 2017, de modo que el Consejo pueda aprobar la lista para finales de 2017. La idea es que este proceso sea continuo y regular.

Esta iniciativa da respuesta, por una parte, a un conjunto de propuestas que la Comisión presentó en enero de 2016, cuya finalidad era evitar la elusión del impuesto de sociedades y, por otra, a las revelaciones de los «documentos de Panamá» de abril de 2016.

 

Reforma de la fiscalidad de las empresas

El Consejo ha examinado un conjunto de propuestas destinadas a reformar el modo en que las empresas tributan en la UE.

Entre ellas hay nuevas propuestas relativas a una base consolidada común del impuesto de sociedades. La Comisión propone un código normativo único para el cálculo de los beneficios imponibles de una sociedad en toda la UE, con disposiciones destinadas a cerrar las posibilidades de elusión fiscal por parte de las sociedades. El conjunto de propuestas incluye también un nuevo sistema para resolver los litigios en materia de doble imposición, y medidas para eliminar las asimetrías híbridas entre los sistemas tributarios de los Estados miembros y los de terceros países.

Los trabajos técnicos sobre estas propuestas han comenzado ya, con prioridad inicial a la propuesta relativa a las asimetrías híbridas.

Evasión fiscal y blanqueo de dinero

El Consejo ha llegado a un acuerdo sobre una propuesta que concede a las autoridades tributarias acceso a la información de que disponen las autoridades responsables de la prevención del blanqueo de capitales.

La Directiva obligará a los Estados miembros a permitir el acceso a la información sobre la titularidad real de las empresas. Se aplicará a partir del 1 de enero de 2018.

La propuesta forma parte de una serie de medidas planteadas por la Comisión en julio de 2016, a raíz de las revelaciones de los documentos de Panamá en abril de 2016.

El Consejo adoptará la Directiva una vez que el Parlamento Europeo haya emitido su dictamen.

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