Propuesta fiscal para la repoblación de la denominada «Ultraperiferia Demográfica Española»

Lograr una fiscalidad específica para los territorios despoblados es uno de los principales escollos de casi todas las organizaciones que luchan por el futuro de Soria. Bajo el argumento político de que no es lógico pagar los mismos impuestos cuando ni de lejos se reciben los mismos servicios por parte de las administraciones y el argumento económico de que es necesario incentivar la economía en zonas donde la actividad y rentabilidad está en mínimos, partidos políticos, asociaciones ciudadanas y agentes sociales piden que la despoblación sea un elemento crucial y diferenciador en las políticas públicas. También en materia fiscal.

En este sentido va el informe encargado por la Red SSPA (que surgió hace 3 años como lobby de presión de la España despoblada con la suma de las patronales de Soria, Cuenca y Teruel) elaborado por un grupo de profesores asociados al campus de Soria de la Universidad de Valladolid y que se está presentando estos días. En 69 páginas los expertos analizan la justificación y el impacto económico de «una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España».

Medidas

De la misma manera que territorios como las islas Canarias o Ceuta y Melilla cuentan con una fiscalidad especial por sus singulares condiciones geográficas, el informe considera que “territorios con una distancia demográfica extraordinaria” sobre el resto del país también pueden tener ese trato especial. El informe propone reducir un 50% las principales figuras impositivas españolas para las personas físicas o jurídicas implantadas en estos territorios. Reducir a la mitad el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto de Sociedades, el impuesto de actos jurídicos documentados y el de sucesiones. La rebaja se aplicaría, bien base imponible, cuota o excepción, sobre el montante final a pagar por el ciudadano o empresa.

Repercusión económica

El estudio cifra el impacto de esta medida en 335,24 millones de euros al año de aplicarse en los territorios de Soria, Teruel y Cuenca. De esta cifra la mayoría 252M€ pertenecen al IRPF. Esa cifra apenas supondría el 0,17% de la recaudación fiscal total en España por lo que de ninguna manera supondría un quebranto para las cuentas públicas.

Esos 335M€ que quedarían en manos de las empresas y ciudadanos de estas 3 provincias, tendrían “efectos importantes” sobre las actividades económicas de dichos territorios. El estudio cifra el valor añadido bruto generado en 267M€. De hecho, el incremento de la actividad económica permitiría a la administración `recuperar´ 80M€ en los impuestos generados por ese incremento (el 24% del coste total de la propuesta).

Sobre el empleo, el informe de la red SSPA calcula que se crearían o ayudarían a mantener 4.027 empleos cada año entre las 3 provincias. Solo la reducción del IRPF en Soria aportaría al conjunto provincial 42,2 M€ de los cuales 12,6 M€ volverían a las arcas fiscales por la vía de la fiscalidad ordinaria y se ayudaría a crear o mantener 636 empleos anualmente.

Viabilidad legal

Una de las principales dudas que se plantean cuando se habla de una fiscalidad es la legalidad de este tipo de ayudas. Las rebajas de impuestos o condiciones fiscales directas están prohibidas en el marco comunitario ya que falsean la competencia y Bruselas podría considerarlas “ayudas de estado” y obligar a su devolución. Por ello los autores indican que además de profundizar en el estudio técnico de las medidas por parte del Ministerio de Hacienda es necesario en paralelo un movimiento político y de reivindicación institucional por parte de los estados miembros afectados para solicitar a la UE que se modifiquen los tratados haciendo posibles medidas de este tipo para el marco económico 2020-2027.