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Autor:
Redacción
Introducción
Con fecha 23 de marzo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, actualmente en tramitación como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados.
Según expresa la exposición de motivos de la norma, el real decreto-ley acomete una reforma integral del sistema y persigue cuatro objetivos estratégicos:
– la garantía del ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables;
– la contribución efectiva de la formación a la competitividad de las empresas;
– el fortalecimiento de la negociación colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo, así como la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
– Consolidar en el sistema productivo una cultura de formación profesional y favorecer con ello la creación de empleo estable y de calidad.
Ámbito de aplicación
En las disposiciones generales, la norma describe cuál es su objeto junto con los fines del sistema de formación profesional para el empleo, y expresa que el sistema de formación profesional para el empleo regulado en el real decreto-ley dará cobertura a empresas y trabajadores de cualquier parte del territorio del Estado español y responderá a una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los demás agentes que intervienen en el mismo para garantizar la unidad de mercado y un enfoque estratégico de la formación, respetando el marco competencial existente.
Prospección y detección de necesidades formativas
La norma viene a corregir una de las principales ineficiencias que se habían identificado en el sistema: la falta de una adecuada anticipación de las necesidades y la planificación de la actividad formativa. La formación que se imparta debe responder a un diagnóstico de la realidad, a un análisis de las necesidades actuales y futuras de empresas y trabajadores, para cumplir sus fines de forma eficaz.
Por ello se establece que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal, y con la colaboración de las comunidades autónomas y de los agentes sociales, desarrollará una función permanente de prospección y detección de necesidades formativas individuales y del sistema productivo, para anticipar y proporcionar respuestas efectivas a las necesidades de formación y recualificación en un mercado laboral cambiante, contribuyendo así al desarrollo profesional y personal de los trabajadores y a la competitividad de las empresas.
Sobre la base del análisis prospectivo, con carácter plurianual se prevé la elaboración de un escenario estratégico referente de la programación de toda la formación que se imparta en el sistema.
Asimismo, se elaborará un informe anual que identificará las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo, las necesidades formativas de los trabajadores y las recomendaciones concretas para programar la oferta formativa dirigida a trabajadores ocupados y desempleados.
Mientras no se elabore el escenario plurianual ni el informe anual de necesidades formativas, la norma prevé que para el 2015 tendrán la consideración de acciones prioritarias a efectos de la programación formativa, las relacionadas con las competencias de idiomas, ofimática y tecnologías de la información y comunicación, conocimientos financieros, jurídicos y del funcionamiento de las Administraciones públicas.
Iniciativas de formación profesional para el empleo
Se contemplan las siguientes modalidades de formación profesional para el empleo:
a) La formación programada por las empresas para sus trabajadores.
b) La oferta formativa de las administraciones para trabajadores ocupados, constituida por los programas de formación sectoriales y los programas de formación transversales, así como los programas de cualificación y reconocimiento profesional.
c) La oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados, que incluye los programas de formación dirigidos a cubrir las necesidades detectadas por los servicios públicos de empleo, los programas específicos de formación y los programas formativos con compromisos de contratación.
d) Otras iniciativas de formación profesional para el empleo, relativas a los permisos individuales de formación, la formación en alternancia con el empleo, la formación de los empleados públicos y la formación no financiada con fondos públicos desarrollada por centros y entidades de iniciativa privada destinada a la obtención de certificados de profesionalidad.
En todas las iniciativas mencionadas, la formación podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación, o bien de forma mixta, mediante la combinación de las dos modalidades anteriores. La formación a distancia tradicional se suprime con efectos a partir del 1 de enero de 2016.
Concurrencia competitiva en la formación subvencionada
Como importante novedad la regulación establece la concurrencia competitiva abierta de las subvenciones que se aplicarán a la oferta formativa para trabajadores desempleados y ocupados, incluida la dirigida específicamente a trabajadores autónomos y de la economía social, así como a los programas públicos mixtos de empleo-formación. Hasta ahora solo los agentes sociales tenían acceso a la formación subvencionada.
Ahora la formación subvencionada está abierta a todas las entidades de formación que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción conforme a la normativa vigente, salvo cuando se trate de programas formativos con compromisos de contratación, en cuyo caso la concurrencia estará abierta a las empresas y entidades que comprometan la realización de los correspondientes contratos en los términos que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, en los programas públicos de empleo y formación la concurrencia estará abierta a las entidades que establece su normativa reguladora específica.
Se recoge también la posibilidad de que los servicios públicos de empleo puedan, como alternativa a la convocatoria de subvenciones, proporcionar un «cheque formación» para trabajadores desempleados con el objeto de proporcionarles la formación que necesitan para mejorar su empleabilidad. El trabajador entregará el citado cheque a una entidad de formación seleccionada por él de entre las que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción establecidos para impartir la formación.
Formación programada por la empresa
Se mantiene el mismo sistema y desde el primer día del ejercicio presupuestario, las empresas dispondrán de un «crédito de formación», el cual podrán hacer efectivo mediante bonificaciones en las correspondientes cotizaciones empresariales a la Seguridad Social a medida que se realiza la comunicación de finalización de las acciones formativas. El importe de este crédito de formación se obtendrá en función de las cuantías ingresadas por cada empresa el año anterior en concepto de cuota de formación profesional y el porcentaje que, en función de su tamaño, se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.
Como novedad, y efectos a partir del 1 de enero de 2016, se contempla que en caso de pertenecer a un grupo de empresas, cada empresa podrá disponer del importe del crédito que corresponda al grupo con el límite del 100% de lo cotizado por cada una de ellas en concepto de formación profesional.
También como novedad se introduce la cofinanciación de la formación en empresas de 1 a 9 trabajadores en porcentaje del 5%, y se mantiene el 10% en empresas de 10 a 49 trabajadores, el 20% para empresas de 50 a 249, y el 40% para empresas de 250 o más trabajadores.
La formación programada por las empresas para sus trabajadores podrá ser organizada por la propia empresa o bien encomendarse a organizaciones empresariales o sindicales, a estructuras paritarias constituidas en el ámbito de la negociación colectiva que cuenten con personalidad jurídica propia, a asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social o a otras entidades externas, incluidas las entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el correspondiente registro habilitado por la Administración pública competente.
Las entidades a las que las empresas encomienden la organización de la formación para sus trabajadores estarán obligadas a comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas programadas bajo esta iniciativa ante la Administración cuando así lo acuerden con la empresa, debiendo asegurar, en todo caso, el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas y de las funciones de seguimiento, control y evaluación, así como la adecuación de la formación realizada a las necesidades formativas reales de las empresas.
Asimismo, las mencionadas entidades serán las que contraten a la entidad de formación acreditada y/o inscrita que imparta las acciones formativas, salvo en el caso de tratarse de la misma entidad.
Control de la financiación, de la formación y régimen sancionador
La norma recoge las nuevas previsiones relacionadas con el control de la formación y el régimen sancionador, con el objetivo de garantizar el principio de tolerancia cero contra el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo.
Como novedad se establecen límites a las entregas de fondos con carácter previo al inicio de la actividad formativa, que en ningún caso podrá superar el 25%.
Podrá preverse el pago de hasta un 35% adicional una vez acreditado el inicio de la acción formativa.
En todo caso, el 40% del importe concedido se hará efectivo una vez finalizada y justificada la actividad formativa subvencionada.
Se prohíbe la subcontratación de la formación. Ni la actividad de organización ni la de impartición podrán ser objeto de subcontratación.
Las acciones formativas serán objeto de un seguimiento y control efectivo por las administraciones competentes. El control comprenderá la totalidad de las iniciativas y modalidades de impartición y se ampliará más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, incorporando los resultados de la formación y contribuyendo a garantizar su calidad. Este seguimiento y control se podrá realizar sobre la totalidad de las acciones formativas o en base a una muestra estadística suficientemente representativa, de acuerdo con lo que determine la administración competente, complementado con cuestionarios y entrevistas a los participantes sobre la calidad e impacto de la formación recibida y con auditorías de calidad de las entidades de formación en base a indicadores objetivos y transparentes, en particular, de los resultados de la formación.
Se modifica el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en distintos aspectos para evitar y corregir con éxito situaciones de mala praxis:
– Se amplían los sujetos responsables para incluir a las entidades de formación y a las que asuman la organización de la formación programada por las empresas.
– Asimismo, y con el fin de adaptarlos a la normativa vigente y a la realidad social, se modifican los tipos infractores existentes, se crean tipos nuevos como el incumplimiento de la prohibición de efectuar subcontrataciones, que se tipifica como infracción muy grave, y, por último, se exige un mayor reproche administrativo al considerar una infracción por cada empresa y acción formativa.
– Se establece la responsabilidad solidaria de los sujetos que participen en la obtención fraudulenta de ayudas, subvenciones y bonificaciones y se endurecen las sanciones, de manera que los beneficiarios del sistema de formación profesional para el empleo no puedan volver a serlo durante un periodo de 5 años en caso de cometer una infracción muy grave.
A fin de garantizar un refuerzo del control y capacidad sancionadora se prevé la creación de una Unidad Especial de Inspección en el seno de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En desarrollo de esta previsión, se ha elaborado la Orden ESS/1221/2015, de 11 de junio (BOE 24 junio) que crea la Unidad Especial de Inspección en materia de formación profesional para el empleo. Esta Unidad Especial dependerá orgánica y funcionalmente de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de su integración en la Dirección Especial de Inspección adscrita a la Autoridad Central.
Su ámbito de actuación será nacional y se le asignan las siguientes funciones:
1. Desarrollar anualmente el programa de inspección en materia de formación profesional para el empleo, de acuerdo con la información que le sea facilitada por el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, por los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, cuando estas hayan dispuesto en los correspondientes planes de actuación territorial que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social asuma actuaciones concretas y determinadas en materia de formación profesional para el empleo, en los términos previstos en la normativa autonómica.
2. La ejecución o coordinación de las actuaciones inspectoras para la vigilancia y control de la normativa en materia de formación profesional para el empleo cuya competencia esté atribuida a la Administración General del Estado.
3. El seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos.
4. El resto de funciones que le encomiende la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de su competencia.
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