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Por Susana Torres Díaz
Manager Consultoría Optimización de Costes Laborales de Alma Consulting Group
No todas las partes implicadas están de acuerdo en que,
”supondrá mejores condiciones de trabajo y de salud,
y que los empleados estén más protegidos”
Desde el pasado 1 de diciembre, ha entrado en vigor un nuevo modelo de altas y bajas médicas para los trabajadores afectados por incapacidad temporal, que pretende lograr múltiples objetivos: el ahorro en trámites burocráticos, la adaptación de la emisión de los partes a la duración estimada de cada proceso, el mantenimiento del rigor necesario en la constatación de la enfermedad o lesiones del trabajador, y por último, que ello redunde en el descenso del absentismo laboral.
Ahora bien, no todas las partes implicadas están de acuerdo en lo que, según declaraciones de la Ministra de Sanidad Fátima Báñez, ”supondrá mejores condiciones de trabajo y de salud, y que los empleados estén más protegidos”. Tampoco existe conformidad en los protocolos a aplicar, ni en las repercusiones que para empresarios y trabajadores puede tener. El protagonismo que han adquirido las Mutuas, sociedades creadas por las empresas para hacer frente a las bajas médicas y otras cuestiones relacionadas con la salud, ha sido interpretado por algunos colectivos como una intromisión en la actividad de trabajadores y médicos, acusándoles incluso de que seguirán criterios puramente economicistas frente a la recuperación de la salud de los empleados. Las Mutuas, que efectivamente acogen bajo su tutela más funciones con la nueva Ley, hasta ahora podían hacer el seguimiento de las bajas y a partir de ahora, también podrán ejercer mayor control proponiendo altas para acelerar la reincorporación del trabajador. El médico tendrá cinco días para emitir un Informe y la Inspección otros seis. Si transcurridos once días la Mutua no ha recibido respuesta, el trabajador tendrá obligatoriamente que reincorporarse a su actividad laboral.
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