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En los últimas semanas hemos tenido conocimiento de que el Secretario General de Empleo, D. Valeriano Gómez, aseguró que debería exigirse a las empresas asentadas en España que decidiesen trasladar su producción a otros países la devolución de todas las Ayudas y subvenciones recibidas por parte del Estado español.
Gómez, que clausuró unas Jornadas sobre deslocalización, defendió el establecimiento de fórmulas que vinculen la concesión de Ayudas públicas a la permanencia de las empresas en territorio español, así como que se premie a aquellas compañías y multinacionales que se distingan por su compromiso con el mantenimiento en el empleo.
Tales medidas, explicó Gómez, forman parte de una batería de propuestas «de amplio espectro» que el Gobierno presentará a los agentes sociales y a las Comunidades Autónomas con el objetivo de combatir el fenómeno de la deslocalización, que recientemente, en los últimos años, ha provocado la pérdida en España de 10.000 puestos de trabajo y entre 30.000 y 50.000 empleos indirectos, como los autónomos cuyos únicos o mayores ingresos dependen de las citadas empresas que abandonan nuestro país.
En determinadas comarcas de varias Comunidades Autónomas – léase, por ejemplo, los traslados de Philips, Lear, etc. en Cataluña – la situación es, cuando menos, preocupante. Buena parte del personal de dichas fábricas es de edad avanzada y empleabilidad dudosa, puesto que han dedicado toda su vida laboral a la entidad que ahora, mayoritariamente por motivos de reorganización empresarial y disminución de costes, decide abandonar nuestro país. No obstante, en cualquier caso, la recolocación y formación de dichos trabajadores – incidiendo en las nuevas tecnologías – deben ser también prioridades de los Gobiernos competentes en cada uno de estos supuestos.
Así, el Ministerio de Trabajo planteará a sindicatos, empresarios y autonomías, la adopción de medidas de carácter paliativo y, por tanto, a corto plazo, así como la puesta en marcha de otras iniciativas de carácter preventivo a medio y largo plazo. Todas ellas, afirmó Gómez, necesitarán del concurso de los interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas, para poder luchar eficazmente contra la deslocalización empresarial. Entre las medidas inmediatas citó la revisión de las políticas fiscales en el ámbito de la I+D+i; la regulación de la subcontratación y el aumento de la flexibilidad en la negociación colectiva.
La cuestión, como mínimo, debería hacernos reflexionar. En nuestro entender, es de esperar que estas medidas puedan, finalmente, ponerse en práctica por los responsables oportunos, para acabar, como dice el refrán, con el llamado Öpan para hoy y hambre para mañanaÖ.
Como siempre, desde la redacción de FISCAL-LABORAL AL DÍA estaremos alerta para mantenerles informados de cualquier novedad legislativa que puediera producirse en esta importante materi
Por D. Pedro Tuset del Pino
Abogado – Colaborador habitual de FISCAL-LABORAL AL DÍA
ASESORÍA JURÍDICA TUSET
pedrotuset.abogado@menta.net
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