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Las principales fuerzas políticas representadas en las Cortes Generales tras las recientes elecciones han manifestado en la campaña electoral su voluntad de proceder a la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio al considerar que se encuentra obsoleto en su regulación actual y que supone una rareza dentro de la fiscalidad patrimonial de los países miembros de la Unión Europea.
Sin embargo, consideramos que, dado que la recaudación corresponde desde hace más de veinte años a las Comunidades Autónomas, deben ser éstas las que si lo desean procedan a eliminarlo tras dotarles de la capacidad normativa para ello. No resulta acertado que sea el Congreso de los Diputados quien decida que las Comunidades Autónomas deben prescindir de tal ingreso y compensarles por ello con fondos procedentes de otros tributos como el Impuesto sobre Sociedades.
Deben ser las Comunidades Autónomas quienes a través de sus órganos de poder legislativo en el que se reúnen los representantes de la voluntad popular de los ciudadanos los que decidan qué van a hacer con el Impuesto sobre el Patrimonio. Unos territorios pueden optar por eliminar el impuesto. Otros pueden decantarse por mantenerlo tal y como está. Finalmente, podría haber otros que cambiaran algunos de sus elementos esenciales fijando, por ejemplo, un tipo de gravamen proporcional o estableciendo el mínimo exento en función de la edad del contribuyente. Esta solución permitiría a los votantes de cada una de las Comunidades decidir sobre el acierto o no de las decisiones adoptadas por sus representantes.
Es posible que tras este proceso existieran notables divergencias en cuanto a la obligación tributaria de los ciudadanos por el Impuesto sobre el Patrimonio
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