El pasado 15 de enero entró en vigor, salvo algunas de sus disposiciones, la ley de impulso de la factura electrónica (Ley 25/2013, de 27 de diciembre).La ley se enmarca dentro del proceso de erradicación de la morosidad de las Administraciones Públicas, y pretende ser una reforma estructural para agilizar los procedimientos de pago a proveedores en la contratación pública y de control de las facturas pendientes de pago. Ley es de aplicación a todas las Administraciones Públicas y las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, como colaboradoras de la Seguridad Social.
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