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En los últimos tiempos están surgiendo voces muy autorizadas que se decantan por recortar la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones al producirse una carrera a la baja entre Comunidades en cuanto a la desfiscalización.
Consideramos que esta decisión no es muy acertada ya que la opción por eliminar el tributario se ha de relacionar con las diferentes políticas de gasto público autonómicas que están dotadas de una gran heterogeneidad (educación, sanidad, políticas culturales). Además, las reformas operadas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se explican por la mala regulación de carácter estatal del Impuesto (exceso de progresividad, mínimos exentos desactualizados, presencia de Comunidades Forales con regímenes privilegiados, régimen fiscal muy poco atractivo para las donaciones).
Si se optara finalmente por establecer un mínimo común denominador sobre este Impuesto se habrían de fijar estos parámetros básicos que nos tememos no se van a establecer:
b)Los tramos de la tarifa habrían de ser actualizados automáticamente en función del IPC real a nivel estatal y la tarifa habría de ser revisada en caso de revisión general de los valores catastrales.
d)Crear una reducción en la base anual para las donaciones inter vivos entre cónyuges y ascendientes-descendientes.
f)Se fijaría de nuevo la posibilidad para el contribuyente de acogerse al sistema de gestión por declaración y liquidación administrativa en todas las Comunidades Autónomas y Forales.
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