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El 1 de enero comenzó el plazo para presentación del modelo 720 y que obliga a las personas residentes en España a declarar bienes en extranjero con valor superior a 50.000 euros. Dicho plazo finalizará el próximo 31 de marzo.
Ante la Comisión Europea, se denunció dicha obligación por diversos operadores jurídicos, asociaciones y particulares, por entender que era incompatible con el derecho comunitario y con la libre circulación de capitales en el ámbito de la Unión.
En fechas recientes los medios de comunicación se han hecho eco de que la Comisión Europea se plantea iniciar un procedimiento de infracción contra España.
En esta editorial queremos destacar los aspectos que la Comisión considera que debe de continuar investigando por si pueden infringir el Derecho comunitario, y que son básicamente dos.
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