Desde hace más de un año, la crisis financiera ha tenido, entre otros, un efecto demoledor de perdida de la financiación de los proyectos empresariales y del consumo de las familias.
Esto supuso que las entidades financieras no podían acceder a los mercados financieros con la dificultad de acceder a la financiación, por lo que el Gobierno instrumentó el Fondo de Adquisición de Activos Financieros “FAAF” para inyectar liquidez. Esta liquidez parece que no se ha dedicado por parte de las entidades financieras a la concesión de préstamos a las empresas y familias sino a la mayor adquisición de deuda pública, con mejor tipo de interés. Así, esta financiación ha vuelto al Estado con un coste extra.
Por otra parece, el Plan E parece ser que ha supuesto una utilización de los recursos públicos mayoritariamente en obras públicas de la Ayuntamientos que no han generado ningún valor para la economía ni a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Igualmente, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria “FROB”, conocido como el “fondo de rescate bancario” ha sido creado con una dotación de 9.000 millones de euros y provisto del mismo régimen jurídico que los Fondos de Garantía de Depósitos. Así, el FROB nace con dos claros objetivos: gestionar e intervenir en los procesos de reestructuración de las entidades de crédito y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración.
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