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Una de las propuestas fiscales que más interés ha despertado entre los ciudadanos a lo largo de esta campaña electoral ha sido el anuncio por parte de José María Aznar de modificar la regulación del Impuesto sobre Actividades Económicas de forma que el 90% de los autónomos y pymes queden exentas de tributar por este impuesto local. En el caso de que finalmente se adopten estas medidas las Haciendas de la totalidad de Municipios perderán un total de 200.000 millones de pesetas.
La supresión del IAE para numerosos empresarios puede ser una solución discutible, lo que es cierto, sin duda alguna, es que esta propuesta ha traído de nuevo a la palestra la cuestión de la financiación local, uno de los temas de financiación general que todavía buscan una solución definitiva y cohererente.
Las Administraciones locales efectúan aproximadamente el 11 por 100 del gasto público total mientras las Comunidades Autónomas, tras el traspaso definitivo de las competencias en materia de educación y sanidad, bordean el 30 por 100 del gasto público total. Habría que plantearse, por lo tanto, en primer lugar el nivel de participación de las Administraciones locales en los gastos públicos. Estamos todavía muy lejos del 25 por 100 del que muchas veces se ha hablado.
Por el lado de los ingresos, las Administraciones locales pueden exigir tributos que se adaptan muy mal al principio de capacidad económica. Mientras las Comunidades Autónomas poseen el derecho a participar en un porcentaje de la recaudación del IRPF y quizás en un futuro próximo en los impuestos especiales, los Municipios se han de conformar con impuestos como el IBI que afecta a la mera tenencia de bienes inmuebles, el IAE que afecta al mero ejercicio de una actividad profesional o la Plusvalía municipal que se calcula sin tener en cuenta el incremento real de valor del suelo urbano. En España donde el 85% de los habitantes residen en viviendas de su propiedad muchas personas modestas tienen problemas para pagar el IBI. EL IAE se exige aunque no existan beneficios empresariales. La Plusvalía se exige con independencia del incremento real de valor de los terrenos.
¿No sería razonable conceder a los Municipios un porcentaje de la recaudación del IRPF o del IVA originado en su territorio? Otra posibilidad de financiación local estribaría en suprimir la tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de las plusvalías derivadas de la transmisión de bienes inmuebles y concentrar la capacidad de gravamen sobre tales plusvalías en los Municipios donde se encuentren los bienes inmuebles transmitidos.
Seguramente existen otras propuestas pero, desafortunadamente, están ausentes de los programas de los partidos políticos que sólo se han acordado del IAE de cara a las elecciones.
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