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Tras el cambio en la Presidencia de Francia, están en marcha en ese país una serie de cambios fiscales que han de ser tenidos en cuenta por otros países.
Una de las medidas propuestas consiste en eximir del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las horas extraordinarias trabajadas por los empleados así como reducir las cotizaciones sociales que han de satisfacer las empresas derivadas de tales horas. Tal medida se aplicará desde el 1 de octubre tanto al sector público como al sector privado.
Se extiende la exención de IRPF de los salarios derivados de trabajos realizados por los estudiantes durante los períodos vacacionales con el límite del triple del salario mínimo mensual a las personas de hasta 25 años (hasta ahora se aplicaba a los menores de 22 años).
La originalidad de estas medidas se da en cuanto que se trata de medidas a favor de las rentas del trabajo para las que, generalmente, no se prevén este tipo de beneficios con ocasión de las sucesivas reformas fiscales.
Por otro lado, el paquete fiscal comprende la exención del Impuesto sobre Sucesiones por la parte de la herencia que corresponda al cónyuge superviviente o a la pareja de hecho. La reducción aplicable a las donaciones y a las sucesiones en las que los beneficiarios sean los ascendientes o hijos vivos o representados pasa de 50.000 euros a 150.000 euros. En el caso de donaciones en dinero a los hijos, nietos, bisnietos o, a falta de los mismos, de los sobrinos, se introduce una reducción de 20.000 euros a efectos del Impuesto sobre Donaciones.
La suma total de las cuotas de los impuestos directos (IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, impuestos sobre las rentas aplicables a las rentas del capital, impuestos locales sobre el patrimonio) sin incluir las cotizaciones a la Seguridad Social no puede superar el 50 por 100 de la renta (hasta ahora el límite se situaba en el 60 por 100). El exceso sobre este límite supondrá una reducción de la cuota a pagar del Impuesto sobre el Patrimonio.
Sin duda, las medidas previstas en Francia deberían ser estudiadas por los responsables políticos españoles ya que tales medidas, en especial, las previstas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre el Patrimonio van a favor de las clases medias y permiten organizar de mejor forma la transmisión de la riqueza entre las generaciones.
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