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En los últimos días el Gobierno de Madrid y el Gobierno del País Vasco han llegado un acuerdo para resolver los conflictos en materia tributaria y crear un órgano para solventar los futuros conflictos al margen de la vía judicial. Es conocido que este acuerdo pretende finalizar con el centenar de procedimientos judiciales abiertos mediante la renuncia a la acción por parte del Gobierno central en la mayoría de los casos y por parte del Gobierno del País Vasco en una minoría de supuestos. A cambio los tres territorios forales renuncian a ejercer su potestad tributaria en relación con aquellos incentivos fiscales que han resultado más polémicos como las vacaciones fiscales o los centros de coordinación.
Siempre es positivo que se produzcan acuerdos antes de recurrir la conflictividad interinstitucional pero no por ello cabe dejar de alertar sobre los límites y peligros del acuerdo.
No es posible dejar de lado que este acuerdo, tras más de diez años de conflictos, no proviene de una súbita generosidad por ambas partes sino de la intervención de las instituciones de la Unión Europea en la cuestión. Se intenta evitar que la Comisión anule determinados incentivos fiscales por considerarlos ayudas públicas encubiertas y también que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión. Sin embargo, el propio comisario de competencia de la Unión Europea ha anunciado que el procedimiento seguirá tal y como estaba previsto.
Otra cuestión importante es la de los intervinientes en este acuerdo que no son solo el Gobierno central y el Gobierno vasco, sino que también tienen alguna cosa que decir los Gobiernos (todos del PP) de las Comunidades Autónomas limítrofes con el País Vasco (Castilla-León, La Rioja y Cantabria) y las diversas asociaciones empresariales cuyos intereses legítimos se ven afectados por los incentivos fiscales vascos. ¿Cómo puede vincularles un acuerdo en el cual nadie les ha invitado a participar?
Se anuncia la creación de una comisión de evaluación normativa que se encargará de analizar la compatibilidad de las normativas tributarias vascas con el Derecho Comunitario y el Derecho fiscal estatal. Tal institución ya estaba prevista en 1981 con la denominación de Comisión coordinadora y nunca se ha reunido. Si no se ha reunido en 19 años una comisión similar ¿qué garantías existirán de que realmente tenga una actuación efectiva la nueva comisión de evaluación normativa?
Por último, no es posible dejar de lado que el actual acuerdo de cupo finaliza en el año 2002. En ese año se iniciarán nuevas negociaciones entre el Estado y el Gobierno del País Vasco para acordar con posibles nuevas mayorías políticas que pueden dar lugar a una nueva concepción del Concierto.
Son demasiadas cuestiones abiertas ante un acuerdo adoptado al ver las orejas al lobo europeo.
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