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Algunos profesores sugieren que el modelo de financiación de numerosos servicios públicos debe basarse en la aportación por parte de los usuarios a través de tasas, peajes o cánones, o cualquier otra denominación. Esta medida se justifica por razones de equidad mediante la aplicación del principio del beneficio. Así, se pretende incrementar el peso de la financiación privada (o sea, el pago por los usuarios) en el mantenimiento de las autovías, de las televisiones, de la sanidad o de las Universidades.
No es posible considerar esta teoría descabellada o irracional. Sin embargo, unas medidas de este tipo, justificadas en la Hacienda Clásica, parecen olvidar otros principios de la Hacienda Clásica como aquél que pretende que los gastos generales como los de policía, justicia e infraestructuras sean labor prioritaria y exclusiva del Estado.
Se ha producido una curiosa evolución histórica. El origen de numerosos impuestos se encontraba en la satisfacción del conjunto de gastos generales que eran manifestación de la potestad del Estado y de la creación de infraestructuras. Sin embargo, el gasto público se ha desplazaodo hacia otros conceptos como la sanidad, la educación o las pensiones que han provocado la necesidad de que la práctica totalidad de los ingresos impositivos se destinen a estos gastos, también necesarios. Este trasvase de recursos ha dejado a los sectores de la actividad pública destinatarios iniciales de los impuestos faltos de los mismos (los servicios de seguridad interior y exterior o justicia no nadan en la abundancia de recursos, precisamente) y se hace de nuevo necesario buscar fórmulas de financiación.
Si la opción consiste en desviar la recaudación de los principales impuestos del sistema como el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades o el IVA hacia la financiación de los gastos públicos o del servicio de deuda pública, habrá que informar, en primer lugar, a los ciudadanos y los ciudadanos deben prestar su conformidad a esta opción.
Debe ser la comunidad quien decida cuáles van a ser los destinatarios de los recursos, si los gastos ya existentes van a ser reducidos o no (si las obras públicas se financian mediante peajes ¿para que servirá el Ministerio de Obras Públicas una vez aprobado el Plan de Infraestructuras?) y cuáles van a ser los nuevas modelos posibles de financiación (si se pagan tasas por todos los servicios ¿por qué no se reduce o elimina el IRPF?).
No se trata de cuestiones fáciles de resolver y las opiniones pueden ser muy diferentes, sin embargo, el debate es necesario y la transparencia obligatoria. Aunque lo más seguro es que, como siempre, sea la fuerza de las necesidades presupuestarias y los aterrizajes bruscos tras épocas de vacas flacas el fundamento de la solución que, finalmente, se adopte por los responsables políticos.
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