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En las propuestas económicas realizadas por entes públicos destinatarios de entregas de bienes y prestaciones de servicios se entenderá que éstas incluyen siempre el I.V.A.
La culpabilidad del contribuyente debe probarse caso por caso en función de las circunstancias concurrentes y la carga de la prueba recae siempre sobre la Administración.
No interrumpe la prescripción la interposición de un recurso de reposición contra una providencia de apremio que ha sido declarada nula por falta de notificación de la liquidación.
La suspensión automática de las sanciones en vía administrativa se prolonga durante la sustanciación del proceso en sede judicial sin necesidad de prestar caución.
El recargo del 10% por ingreso fuera de plazo sin requerimiento previo en el I.R.P.F. tiene naturaleza sancionadora y se aplica en dos grados distintos, atendiendo a la gravedad de la transgresión de dicho plazo.
El funcionario que se considere con derecho a la exención de su pensión en el I.R.P.F. debe instar de los órganos competentes el reconocimiento de que se halla inhabilitado para toda profesión u oficio.
La venta de la mitad indivisa del inmueble recibido por adjudicación en escritura de partición de herencia de los padres constituye un supuesto de incremento de patrimonio y no de división de la cosa común.
No procede la exención en el I.R.P.F. de la indemnización pactada entre trabajador y empresa por cese voluntario e incentivado de la relación laboral.
El devengo de la indemnización por incapacidad permanente parcial se produce en la fecha de alta, incluso cuando la cuantía de la misma se determine con posterioridad.