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La interrupción injustificada de las actuaciones por más de seis meses sólo da lugar a la prescripción cuando no se ha producido ningún otro acto entre la finalización del período voluntario de pago y la notificación del acuerdo liquidatorio.
La caducidad por el transcurso de más de seis meses no es aplicable a los procedimientos de gestión, liquidación e inspección tributaria.