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En España hay más de tres millones de empleados públicos, contando todas las administraciones e incluyendo a los políticos y asesores. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, correspondientes al primer trimestre de 2012, el dato exacto de funcionarios es de 3.104.100, lo que supone el 17,8% de todas las personas con trabajo.
La carga económica que supone para el Estado este volumen de empleados públicos es enorme, a pesar de las reducciones de contrataciones que se han realizado desde que comenzó la crisis.
En 2011, el conjunto de las administraciones necesitó 122.926 millones de euros para pagar las remuneraciones de los funcionarios, lo que obligó a dedicar buena parte de los ingresos que se obtienen a través de la recaudación de impuestos a sostener todo el aparato administrativo.
Sirva como ejemplo que la suma de todo lo que recaudó el Estado en 2011 con el IRPF (69.803 millones) y todo lo que ingresó con el IVA (49.302 millones) no llegó para pagar las remuneraciones de los empleados públicos.
Eso a pesar de la reducción de los sueldos de los funcionarios del 5% de media que se decretó en 2010 y su posterior congelación en 2011 y 2012. Estas medidas consiguieron reducir la masa salarial en 2.784 millones, en un ahorro que fue fundamentalmente asumido por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ya que en la Administración central apenas se ha notado.
Por comunidades autónomas, la que más funcionarios tiene es Andalucía, con más de medio millón, seguida por Madrid (sede de la mayor parte de la Administración central, con más de 400.000), Cataluña (más de 300.000) y la Comunidad Valenciana (unos 250.000).
Fuente: El Mundo
