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El Gobierno estudia rebajar a la mitad la cotización de los empresarios al Fondo de Garantía Salarial

 


El Secretario General de Empleo, D. Valeriano Gómez, ha anunciado que el Gobierno está dispuesto a rebajar a los empresarios el tipo de cotización ‖del 0,4% del salario bruto‖ que financia el Fondo de Garantía Social (Fogasa), por el superávit anual del fondo, cercano a 380 millones de euros. Según explicó Gómez a los periodistas tras su intervención ante la comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en el Congreso, con ocasión del debate del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, sólo con la mitad de la aportación empresarial sería suficiente.


Si la reducción del tipo de cotización no fuera total – a la mitad -, el excedente que en todo caso resultaría se podría destinar a mejorar las prestaciones o a extender la financiación del despido objetivo a las empresas de menos de 50 trabajadores. Además, durante su comparecencia, Gómez añadió que la situación del fondo permite actuar «sin poner en riesgo» el equilibrio financiero.


Con el Fogasa se garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores del empresario. Actualmente el fondo, que se dota únicamente de las cotizaciones de los empresarios, financia el 40% de la indemnización a las empresas con menos de 25 trabajadores para cubrir los despidos por la crisis de sus empresas. El fondo cuenta con un superávit acumulado durante más de 16 años próximo a 827 millones de euros.


Respecto a la capitalización de la prestación por desempleo para emprender un negocio por cuenta propia, Gómez dijo que la idea del Gobierno es aumentarla del 20 al 40%, pues, aunque aumenta el gasto del Inem, «es una inversión que tiene resultados positivos con nuevos ingresos a la Seguridad Social».


En cuanto a las coberturas por desempleo, Gómez resaltó la ampliación del subsidio en seis meses para los cerca de 180.000 mayores de 45 años sin cargas familiares, una vez agotadas las prestaciones. A su vez, para los trabajadores fijos-discontínuos mayores de 52 años, el Gobierno tiene previsto que el Inem aumente sus cotizaciones, durante el período de inactividad, de los dos meses actuales hasta el máximo de seis meses.En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado para el 2006, Gómez dijo que no sólo permiten afrontar «los grandes retos» de la política de empleo, sino también cualquier resultado que pudiera salir del diálogo social con impacto presupuestario. En este sentido, precisó que los presupuestos tienen créditos ampliables, y así Gómez prevé que el inicialmente asignado se rebase «con seguridad» en el 10%.


Respecto a la formación continua, destacó que las Comunidades gestionarán la mitad del gasto que no se destina a financiar bonificaciones a las empresas. De este modo, la partida de gastos destinados a dicho concepto queda dividida en tres partes iguales: una para el programa de bonificaciones; otra para acciones de formación continua estatales de empresarios y sindicatos; y una última, también con los interlocutores sociales, para las acciones financiadas por las propias CCAA. Gómez aprovechó para recordar igualmente que desde el Ministerio de Trabajo se tratará de ampliar en 1.000 personas el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y en otro millar el de Subinspectores.


En total, el Gobierno destinará el próximo año 20.357,24 millones de euros al fomento del empleo y la protección de los desempleados, lo que supone un incremento del 6,2% respecto al presupuesto aprobado para el 2005. De ese total, casi dos tercios van destinados al gasto presupuestado para prestaciones económicas por desempleo, que incluye contributivas, Subsidio REASS, Renta Agraria y Renta Activa de Inserción, y que asciende a 13.345,58 millones de euros, casi un 7% más.


 

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