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El objetivo es que el nuevo marco general de financiación autonómica entre en vigor el día 1 de enero de 2009.
La propuesta del Gobierno nace con la voluntad de garantizar una financiación suficiente para todas las competencias transferidas y asegura igual cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos, independientemente de donde vivan. Con el nuevo sistema ninguna Comunidad Autónoma perderá y el Gobierno puede poner recursos adicionales, en función de sus disponibilidades presupuestarias, para reforzar el Estado del bienestar.
La propuesta remitida por el Ministerio de Economía y Hacienda se basa en 10 principios básicos:
- Suficiencia global: el sistema garantizará la financiación de todas las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas.
- Garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales: el nuevo sistema garantizará que los recursos tributarios cedidos por el Estado para la prestación de los servicios básicos del Estado del Bienestar (educación, sanidad y servicios sociales) sean iguales para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
- Recursos adicionales para reforzar el Estado del bienestar: los recursos adicionales que el Gobierno pueda aportar, en función de sus disponibilidades presupuestarias, servirán para mejorar la capacidad de financiación de las Comunidades Autónomas en materias como la educación, la sanidad o los servicios sociales. El reparto de estas cantidades tendría en cuenta tanto la población actual de las Comunidades como la evolución experimentada en los últimos años. Este esfuerzo adicional de la Administración General del Estado se graduará temporalmente de acuerdo con la política de estabilidad macroeconómica y presupuestaria del Gobierno.
- Ajuste dinámico, statu quo y esfuerzo fiscal: la reforma parte del compromiso de que ninguna Comunidad Autónoma resultará perdedora con el nuevo sistema. El modelo incorporará mecanismos de revisión anual automática que permita su adaptación a la evolución de las necesidades. Además, de forma quinquenal, podrían revisarse los elementos estructurales del sistema y se tendrá en cuenta el esfuerzo fiscal.
- Variables de distribución y población ajustada: se buscará un acuerdo para ponderar las variables de distribución, especialmente la población.
- Autonomía y corresponsabilidad fiscal: se elevará en torno al 50% la participación de las Comunidades Autónomas en el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales. Además, se incrementará la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas y se ampliará la participación y al colaboración tributarias en el marco de una mayor coordinación con la Administración General del Estado, especialmente en el IRPF.
- Lealtad institucional: se buscarán fórmulas que permitan la aplicación efectiva de este principio y, en particular, se tendrá en cuenta la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio.
- Cesión de competencias en materia de revisión económico administrativa: los tribunales económico-administrativos de las Comunidades Autónomas serán competentes para revisar actos emanados de los órganos autonómicos de gestión tributaria.
- Mejora de la gestión financiera del sistema: se crearán mecanismos para ajustar el sistema de entregas a cuenta a la liquidación final.
- Adaptación del modelo de financiación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
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