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Las Comunidades Autónomas debaten sobre cuáles han de ser los criterios básicos para fijar el sistema de financiación autonómica común
La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común (todas menos las Comunidades forales del País Vasco y Navarra) será objeto de modificación en la presente legislatura lo cual genera tensiones entre las diferentes Comunidades al tener intereses divergentes en cuanto a los criterios del reparto.
Una parte importante de la financiación de las Comunidades Autónomas está constituido por las transferencias provenientes del Estado que se articulan mediante el Fondo de Suficiencia. La cuestión que se plantea es la de determinar cuáles son los criterios que han de ser utilizados para determinar cómo se ha de repartir el dinero del Fondo de Suficiencia.
Hasta ahora el criterio preponderante ha sido el de la población aunque el problema que se plantea en la actualidad consiste en el hecho de que la cuantificación de la población está desfasada al emplearse datos de 1999. Hay Comunidades Autónomas que han visto como ha crecido la población de forma muy acusado y no han visto como crecía de forma paralela la aportación proveniente del Fondo de Suficiencia (Madrid, Cataluña, Valencia o Baleares).
Junto a esta primera cuestión se plantea la cuestión de determinar cuáles han de ser los criterios complementarios para determinar el importe de lo que va a recibir cada Comunidad. Lógicamente, cada Comunidad propone aquellos criterios que le favorecen. Así, mientras Andalucía quiere introducir como criterios complementarios la población menor de cuatro años, el envejecimiento de la población o la extensión territorial, Baleares se decanta por introducir como criterio la población flotante o en Castilla y León prefiere emplear los criterios de la extensión territorial, el envejecimiento de la población y la superficie boscosa.
Por otro lado, otra de las fuentes principales de financiación de las Comunidades Autónomas consiste en los impuestos cedidos. Son numerosas las Comunidades que apuestan por elevar el porcentaje de participación sobre los impuestos cedidos pasando a ser del 50% en el caso del IRPF (actualmente es del 33%) y del IVA (actualmente es del 35%).
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