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La proximidad de las elecciones locales hace que los principales partidos políticos propongan a los ciudadanos las medidas que van a adoptar en relación con la financiación de las Administraciones locales (Ayuntamientos y Diputaciones)
PSOE:
– Los Ayuntamientos, representados por la Federación Española de Municipios y Provincias, han de tener presencia en los principales centros de decisión política en los asuntos que le son propios, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en el Senado.
– Se crearán, en el ámbito propio de las Comunidades Autónomas, los Consejos de Gobierno Locales.
– Principio de Compensación por decisiones fiscales. Las leyes que modifiquen cualquier tributo local de titularidad municipal, provincial o insular y que produzcan una disminución de los ingresos de las haciendas locales, deberán arbitrar las medidas de compensación correspondientes.
– Principio de financiación del coste total y efectivo de los servicios traspasados a los Ayuntamientos. Toda atribución de competencias a los Ayuntamientos será acompañada de los recursos necesarios.
– Creación por la Comunidad Autónoma de un Fondo de Cooperación Local de carácter incondicionado.
– Desarrollo de programas autonómicos de colaboración financiera para materias específicas en el ámbito local.
– Reforma de la participación de las Entidades locales en los ingresos del Estado.
– Establecimiento de la participación ciudadana en el proceso presupuestario. En la fase de elaboración del presupuesto se impulsarán técnicas de participación, especialmente en relación con las inversiones y aquellos programas de gasto más directamente dirigidos a los usuarios finales de los servicios públicos locales.
– Creación de la figura de la ÖCuenta corriente tributaria localÖ, en donde la capacidad de gestión lo permita, para incentivar y facilitar el pago de los tributos locales, facilitando el pago fraccionado de todos los tributos periódicos a lo largo de todo el ejercicio.
– Creación de la figura del Defensor del Contribuyente para el fortalecimiento de los Derechos y Garantías de los Ciudadanos en materia tributaria o sancionadora en el ámbito municipal.
– Creación de un órgano de resolución de reclamaciones económico-administrativas en las ciudades, así como mediación extrajudicial, basado en los principios de celeridad y gratuidad, como órgano especializado e instancia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos, sanciones e ingresos de Derecho público de competencia municipal. Dicho órgano estará integrado por profesionales independientes de reconocida solvencia técnica elegidos por el pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta. En el caso de los pequeños Ayuntamientos dicho órgano o servicio podrá crearse por las Entidades Locales Provinciales o Insulares.
– Incorporación a las ordenanzas municipales y a la fiscalidad local (tasas por consumo de agua, IBI, etc.) bonificaciones por hijos a cargo y en concepto de ayuda a las familias, incrementando sistemáticamente estas ventajas cuando existan en la familia personas con discapacidad.
PP:
– Promover una reforma en profundidad del sistema de financiación local para que, una vez se redefinan o regulen las competencias que actualmente ejercen los Ayuntamientos, se establezca su adecuada financiación con recursos procedentes tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.
– Promover un modelo de financiación de las grandes ciudades en el que se incremente la participación en los grandes impuestos estatales.
– Incremento de la capacidad normativa de las corporaciones locales sobre impuestos municipales.
– Impulsar el establecimiento de un Fondo especial de solidaridad para los municipios de menos de 10.000 habitantes por su menor capacidad recaudatoria de tributos propios.
– Impulsar el Estatuto del gobierno local como norma básica definitoria del marco institucional y competencial de las administraciones locales que deberá ir acompañado de una reforma de la Ley de Haciendas Locales.
– Impulsar la participación de los municipios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a través de la Federación Española de Municipios y Provincias
– Supresión de las licencias y los tributos sobe las obras domésticas menores.
– En relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles: reforma de las Ley de Haciendas Locales para que los Ayuntamientos puedan establecer tipos diferenciados, reducir hasta el 50% de la cuota a pagar, en función de la capacidad económica del propietario. Se reducirá, también, la cuota a pagar en el caso de familias con hijos, con especial atención a las familias numerosas que tendrán una reducción en el mismo del 50%.
– Reducción de los tributos municipales para aquellas familias que acrediten su condición de familia numerosa.
Izquierda Unida:
– Desarrollo de las competencias tributarias municipales, dotándolas de mayor autonomía de gestión que permitan introducir mecanismos correctores más acordes con la realidad territorial y social del municipio. Consideramos fundamental que se compense la sustitución del IAE con un impuesto que grave el beneficio y no la actividad y en todo caso que la compensación del IAE prometida llegue a los municipios.
Dentro de este desarrollo se incluyen las actuaciones siguientes:
o Facilitar el pago de los distintos impuestos municipales, mediante la creación de nuevos sistemas que permitan distribuir el total de los mismos a lo largo del año aplicando una deducción sobre el total anual.
o Aplicar bonificaciones en el IBI, a las familias numerosas en función del valor catastral de las viviendas y del número de miembros de la unidad familiar.
o En cuanto la ley lo permita, establecer recargos en el IBI de viviendas y solares vacíos que irán del 100 al 200% en función del tiempo de retención del bien.
o Establecer reducciones en ICIO e IBI a favor de las construcciones que incorporen sistemas para el aprovechamiento técnico o eléctrico de la energía solar por autoconsumo.
o Utilizar las posibilidades que nos otorga la legislación para penalizar la especulación a través de incrementos de los tipos a aplicar en el Impuesto de Plusvalía en las enajenaciones que se produzcan en los primero años de tenencia de la propiedad.
o Cumplir la Directiva comunitaria de corresponsabilidad fiscal a la hora de definir tasas que graven la producción de residuos, estableciendo desgravaciones y/o exenciones por el desarrollo de políticas ambientales positivas.
o Establecer precios públicos por acceso y participación en actividades municipales o servicios en función de criterios de renta con el fin de favorecer que quienes más tienen contribuyan con el coste real del servicio.
o Dado el escaso espacio fiscal propio, procurar la búsqueda de recursos económicos alternativos mediante la gestión del patrimonio municipal.
o Potenciar los servicios de inspección tributaria que se centrará fundamentalmente en el IAE, el ICIO y las Tasas por ocupación del dominio público.
o Aplicar a la gestión de tributos las nuevas tecnologías, tanto con la implantación o mejora de cartografía digital, como en la simplificación del procedimiento administrativo y la generación de la posibilidad de pago telemático de impuestos, tasas y precios públicos.
o Elaboración de censos de viviendas y solares vacíos.
– Reforma integral del PIE (Participación de las entidades locales en los ingresos del Estado). Proponemos acabar con el actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población en que residen. Hay que establecer parámetros objetivos (población como básico) y definir factores compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial. La cantidad que los Ayuntamientos reciben del estado debe ser transparente, de fácil cálculo, comprobable y estable.
– Incremento de las transferencias de las Comunidades Autónomas, de manera que se garantice la suficiencia financiera para la asunción de competencias autonómicas. Las denominadas PICAs deberán asemejarse en cuanto a su formulación y tipología al PIE que proponemos. La mayor parte de las cantidades transferidas por las CC.AA. a los Ayuntamientos deben ser incondicionadas.
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