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El colectivo de Técnicos Financieros del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) considera que el régimen de tributación a través de módulos se ha convertido en un sistema poco claro y estiman que favorece las emisiones de facturas falsas. Por ello, abogan por introducir importantes modificaciones en la tributación por módulos, con el fin de que el sistema sea más justo y evite este tipo de comportamientos.
Gestha plantea la necesidad de introducir reformas en esta modalidad de tributación para evitar las facturas falsas, ya que se ha detectado que el mayor número de dichas facturas fraudulentas se localizan en las tributaciones de los empresarios bajo el régimen de módulos. Los técnicos de Hacienda defienden la transparencia, en un colectivo que en términos generales registra una de las mayores tasas de fraude.
Los técnicos de Hacienda apuntan que a los módulos se acoge voluntariamente una amplia gama de negocios medianos y pequeños, desde hostelería, hasta comercio al por menor o industria de la madera. Sin embargo, afirman que el sistema de módulos está pensado en realidad para aquellos contribuyentes que se dirigen al consumidor final.
El sistema de tributación por módulos determina los impuestos en función de criterios objetivos del negocio – superficie, número de empleados…-, independientemente de los ingresos y los beneficios. Tiene la ventaja de que no hay que llevar contabilidad ni guardar las facturas a efectos fiscales, y de ello se aprovechan algunas empresas para defraudar a Hacienda.
Para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los, aproximadamente, dos millones de contribuyentes acogidos a ese régimen, según Gestha sería conveniente que dicho régimen quedase reservado para actividades muy concretas, que no se aplicase a los sectores que se encuentren en el intermedio de la cadena de distribución de bienes y servicios, y que se reserve para empresas de dimensión muy reducida.
El principal problema que plantea el sistema de módulos es que el comerciante empuja en ocasiones a sus proveedores a que le vendan sin I.V.A. La razón es que, a efectos de su tributación, pagar I.V.A. no le reporta ningún beneficio y pretende ahorrárselo. De este modo, el empresario se reduce el 35% del Impuesto sobre Sociedades y el 16% del I.V.A., defraudando así a la Administración.
Las novedades en este aspecto y en otros relativos al fraude se incluirán en un una modificación del Plan Especial de Prevención del Fraude Fiscal que la Agencia Tributaria tiene previsto realizar el próximo otoño. Será entonces cuando se estimen las medidas oportunas que deben ir acompañadas de cambios normativos, como la tributación por módulos.
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