El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves el Real Decreto-Ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, norma que se tramitará como proyecto de Ley para incorporar las aportaciones de todos los grupos parlamentarios.
El nuevo enfoque del modelo sitúa en el centro de la reforma del sistema a los trabajadores, ya sean ocupados o desempleados temporalmente, y a las empresas para conseguir el nivel óptimo de eficacia, competitividad y también de transparencia.
Este nuevo modelo será de aplicación a todas las Administraciones Públicas en todo el territorio nacional, y los interlocutores sociales seguirán teniendo un papel trascendente, relevante, sobre todo en lo que es la planificación y la programación de la formación.
Cuenta-formación para trabajadores
El nuevo modelo introduce un escenario de planificación plurianual, inexistente hasta el momento, para que la formación pueda ser una variable continua a lo largo de toda la vida laboral del trabajador.
Así, se implantará la cuenta-formación, estableciendo una cuenta asociada a cada trabajador, como está asociado el número de la Seguridad Social, que le acompañe durante toda su vida laboral y donde se certificará toda y cada una de las actividades de formación que haya realizado a lo largo de su vida profesional.
Se apostará por la tele-formación como un instrumento que puede dotar al sistema de mayor eficacia y flexibilidad, y se fomentará en las empresas de tamaño pequeño o mediano, donde la cultura de la formación continua tiene menor presencia.
En la gestión de formación de oferta, los recursos se someterán a concurrencia competitiva en un cien por cien. De esta manera, los centros accederán a esas convocatorias de formación, bien por la Administración General del Estado, bien por las Comunidades Autónomas, en igualdad de condiciones.
En el ámbito de la formación para desempleados, se introduce el cheque-formación, gracias al cual una persona desempleada podrá elegir libremente el lugar donde se quiere formar. Será la Administración la que pague luego esa formación al centro de forma directa.
Otro cambio destacable en materia de formación subvencionada, es que a partir de ahora sólo se podrá anticipar, antes de iniciar la formación, un 25 por 100 de los fondos a los centros de formación.
Tolerancia cero contra el fraude
Por otra parte, se establece un proceso de evaluación permanente, basado en principio de «tolerancia cero» contra el fraude.
Para ello, se constituye una unidad especial de inspección dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se elevan las sanciones. Así, aquellas empresas que no utilicen adecuadamente los fondos recibidos no podrán volver a recibir recursos del sistema de formación en cinco años.
Además, habrá un sistema integrado de información entre Comunidades Autónomas y Gobierno para evaluar en tiempo real el sistema de formación y sus resultados.