El Parlamento respaldó el martes la puesta en marcha de una “plataforma europea” para impulsar la lucha contra el empleo no declarado. La idea es mejorar la cooperación entre los Ministerios de Empleo de los Estados miembros, los sindicatos y las patronales sobre cómo afrontar un problema que perjudica a la economía y distorsiona el mercado laboral. La economía no declarada representa el 18% del PIB de la UE.
Los eurodiputados aprobaron el proyecto legislativo, con enmiendas que recogen el acuerdo alcanzado a final del año pasado con los representantes de los Estados miembros, con 619 votos a favor, 69 en contra y 7 abstenciones. Durante el debate en pleno, Georgi Pirinski (S&D, Bulgaria), responsable de la tramitación parlamentaria del texto, señaló:
“El objetivo es ampliar las capacidades de los Estados miembros para hacer frente a los numerosos problemas derivados del trabajo no declarado mediante el refuerzo de la cooperación dentro de la UE. La plataforma se centrará en prevenir, desincentivar y combatir todas las formas de empleo no declarado, así como en impulsar su conversión en puestos de trabajo reconocidos.”
El empleo no declarado se refiere a cualquier actividad remunerada, en principio legal, que no se declara a las autoridades, como Hacienda y la Inspección de Trabajo. La plataforma busca incentivar medidas transfronterizas prácticas y efectivas y desarrollar un sistema fiable de intercambio de información entre los organismos nacionales.
Sin embargo, no está prevista la armonización de las normativas nacionales ni habrá interferencia alguna en las medidas adoptadas por cada país, recalca el texto, que apunta a las diferentes definiciones y regulaciones existentes dentro de la UE.
El objetivo a largo plazo es mejorar las condiciones laborales, reducir el fraude a la Seguridad Social e integrar a los trabajadores de la economía sumergida en el mercado de trabajo. La plataforma lidiará con todo tipo de empleo no declarado, desde los falsos autónomos a las empresas ficticias.
Organización
La plataforma estará compuesta por representantes de todos los Estados miembros, más un máximo de cuatro personas designadas por los agentes sociales -la mitad en representación de los trabajadores y la otra mitad de los empresarios (sin derecho a voto)-, y la Comisión. Los representantes de patronal y sindicatos, Eurofound, la Agencia europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo (EU-OSHA) la Organización Internacional del Trabajo y los representantes de los países del Espacio Económico Europeo serán observadores permanentes.
El organismo se reunirá al menos dos veces al año y se crearán grupos de trabajo para tratar formas específicas de empleo no declarado. Para su funcionamiento serán necesarios en torno a 2,1 millones de euros al año, que saldrán del capítulo Progress del Programa europeo para el Empleo y la Innovación Social (EaSI).
Contexto
Los trabajadores cuya actividad no se declara están a menudo sometidos a condiciones peligrosas, cobran salarios más bajos y ven violados sus derechos laborales. El empleo no declarado contribuye a que empeoren las condiciones sociales. La plataforma también deberá ayudar a combatir los abusos de la libertad de movimiento de trabajadores.
Según cifras de Eurofound, el tamaño de la economía sumergida ronda el 18% del PIB de la UE, con oscilaciones desde el 8% en Austria al 30% en Bulgaria. La mayor incidencia se da en el sector de la construcción, pero también en los servicios domésticos, la seguridad privada, la limpieza industrial, la agricultura y la hostelería.
Próximos pasos
El proyecto legislativo debe será ahora formalmente aprobado por el Consejo de Ministros. Entrará en vigor una vez publicado en el Diario Oficial.
Parlamento Europeo