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La propuesta actual de la UE es insuficiente, ya que solo afecta a entre el 10 % y el 15 % de las multinacionales
El 21 de septiembre el Pleno del CESE aprobó un dictamen contra las prácticas fiscales agresivas de las multinacionales. La propuesta de la Comisión Europea sobre la trasparencia del impuesto de sociedades requiere que las multinacionales con un volumen de negocios anual superior a 750 millones de euros divulguen información sobre el impuesto de sociedades que abonan y otra información fiscal relevante desglosada por países. Se estima que las prácticas fiscales agresivas de algunas multinacionales privan a la UE de unos 70 000 millones de euros al año en concepto de impuestos.
Aunque suscribe las nuevas medidas de la Comisión, el CESE le pide que intente presentar una propuesta de mayor alcance y reducir gradualmente el umbral del volumen de negocios de 750 millones de euros, ya que la actual propuesta solo sería de aplicación a un mero 15 % de las multinacionales.
El ponente Victor Alistar (Grupo de Actividades Diversas – RO) afirmó: «Tras la protesta pública de los últimos años sobre la ingeniería fiscal de las multinacionales en la UE, la Unión tiene el deber de responder a estas inquietudes, y aplicar esta medida a un simbólico 15 % de las multinacionales alejaría a la UE por completo de las preocupaciones de casi todos los ciudadanos europeos».
Además, el Comité pide que se publiquen los estados financieros por separado no solo para cada Estado miembro sino también para cada país no perteneciente a la UE en el que operen grandes multinacionales, ya que los datos consolidados podrían ayudar a ocultar las prácticas fiscales agresivas. Las multinacionales también deberán proporcionar una lista de las operaciones realizadas en terceros países considerados paraísos fiscales. Asimismo, deberán publicarse los datos sobre activos y ventas.
Con frecuencia las prácticas fiscales agresivas de las multinacionales han tenido gran resonancia mediática y han sido objeto de protesta pública. Las propuestas de la Comisión en materia de transparencia fiscal fueron resultado de los escándalos de los papeles de Panamá y LuxLeaks, que pusieron al descubierto acuerdos destinados a ahorrar a algunas de las mayores empresas del mundo ‑entre las que se cuentan Apple, IKEA y Pepsi‑ miles de millones de dólares en concepto de impuestos. Los acuerdos fiscales de Apple en Irlanda, de Starbucks en los Países Bajos y de Fiat y Amazon en Luxemburgo también han puesto este tema sobre la mesa, en un trasfondo de gobiernos que carecen de los recursos necesarios para llevar a cabo sus programas sociales.
La información adicional que el CESE desea que se publique forma parte de las normas BEPS de la OCDE (erosión de la base imponible y el traslado de beneficios), que ya han sido adoptadas por la UE y la mayoría de los Estados miembros. Se trata de un intercambio automático de información fiscal entre las administraciones tributarias de los Estados miembros, información que, sin embargo, no está a disposición del público. No obstante, la Comisión considera que esta información adicional podría poner en peligro la competitividad de las empresas europeas y que el público podría malinterpretar determinados datos.
El CESE también recomienda que la sociedad civil y las empresas puedan acceder con mayor facilidad a los datos gracias a su publicación en un registro central de cada Estado miembro, con un sistema abierto, un formato estándar común a toda la UE y un idioma de alcance internacional, además de la lengua local, lo que hará posible un auténtico acceso a la información en todo el mercado único.
El dictamen se aprobó por 204 votos a favor, 7 votos en contra y 16 abstenciones.
