El PE plantea crear “listas negras” de empresas implicadas en corrupción e impedirles optar a contratos públicos

El Parlamento quiere que la Comisión proponga nuevas normas contra la corrupción y el crimen organizado en la UE. En una resolución aprobada el martes, los eurodiputados piden la creación de “listas negras” de empresas implicadas en prácticas corruptas, que no podrían acceder a contratos públicos ni fondos comunitarios, la inhabilitación obligatoria de los condenados por blanqueo, corrupción u otros delitos graves, y reglas comunes sobre confiscación de activos y su uso para fines sociales.

En su sesión plenaria de hoy, la Cámara ha aprobado una resolución en la que reitera la necesidad de un plan de acción europeo para erradicar el crimen organizado, el fraude y la corrupción. Los eurodiputados consideran que ésta debe ser una prioridad para la UE y recuerdan que la cooperación policial y judicial entre los estados miembros es crucial.

Los eurodiputados creen que la elaboración de “listas negras” de empresas que tengan vínculos probados con la delincuencia organizada o estén implicadas en prácticas corruptas puede ser un medio eficaz de disuasión y un buen incentivo para que mejoren y refuercen sus procedimientos internos. Abogan, asimismo, por la instauración de un sistema completo de contratación pública electrónica para toda la Unión a fin de reducir el riesgo de corrupción.

Europol debería crear una unidad especializada para combatir a los grupos de delincuencia organizada activos en distintos sectores al mismo tiempo, según el Parlamento, que también quiere reglas comunes en la UE para la protección de los delatores antes de que termine 2017.

Hacen falta también normas obligatorias para la inhabilitación de los condenados por actividades relacionadas con la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales, la corrupción u otros delitos graves, tanto para concurrir a las elecciones como para trabajar para las administraciones, incluidas las instituciones, organismos y agencias de la Unión.

Los eurodiputados creen que la UE debe dotarse de un sistema común para la confiscación de activos de organizaciones criminales y apuestan por extender su uso para fines sociales y como compensación a familias y empresas afectadas por las prácticas criminales o corruptas.