Se aprueba un paquete de medidas que facilitará la prestación de servicios en el mercado europeo

La Comisión Europea ha adoptado un paquete de medidas ambicioso y equilibrado que facilitará a las empresas y a los profesionales la prestación de servicios en un mercado potencial de quinientos millones de personas.

Un nuevo impulso al sector de los servicios beneficiará a los consumidores, a los demandantes de empleo y a las empresas y potenciará el crecimiento económico en toda Europa.

Las cuatro iniciativas concretas adoptadas por la Comisión son las siguientes:

• Una nueva tarjeta electrónica europea de servicios: Un procedimiento electrónico simplificado permitirá a los proveedores de servicios para empresas (por ejemplo, las empresas de ingeniería, los consultores informáticos o los organizadores de ferias comerciales) y de servicios de construcción cumplir más fácilmente los trámites administrativos necesarios para prestar servicios en otros países. Los proveedores de servicios podrán dirigirse simplemente a un único interlocutor en su país de origen y en su propio idioma. Este interlocutor verificaría los datos necesarios y los transmitiría al Estado miembro de destino. Este último conserva su actual facultad de aplicar requisitos reglamentarios nacionales y de decidir si el solicitante puede ofrecer servicios en su territorio. La tarjeta electrónica no afectaría a las obligaciones del empleador ni a los derechos de los trabajadores que están en vigor.

• Evaluación de la proporcionalidad de las normas nacionales sobre los servicios profesionales: Aproximadamente cincuenta millones de personas —el 22 % de la población activa europea— desempeñan profesiones cuyo ejercicio está condicionado a la acreditación de cualificaciones específicas o en las que está protegida la utilización de un título concreto, por ejemplo en el caso de los farmacéuticos o los arquitectos. La reglamentación está a menudo justificada para una serie de profesiones (por ejemplo, las relacionadas con la salud y la seguridad), pero en muchos otros casos la existencia de normas obsoletas e innecesariamente gravosas puede dificultar más de lo razonable el acceso de candidatos cualificados a determinados empleos, circunstancia que juega también en detrimento de los consumidores. La UE no regula ni desregula las profesiones, prerrogativa que conservan los Estados miembros, pero, con arreglo al Derecho de la UE, estos deben determinar si son necesarios y equilibrados los nuevos requisitos profesionales nacionales. Para garantizar un enfoque coherente y constante, la Comisión propone racionalizar y aclarar cómo deben realizar los Estados miembros una prueba de proporcionalidad completa y transparente antes de adoptar o modificar normas nacionales sobre servicios profesionales.

• Orientaciones sobre las reformas nacionales de la reglamentación de las profesiones: El ejercicio de evaluación mutua que los Estados miembros realizaron entre 2014 y 2016 pone de manifiesto que aquellos que han abierto sus mercados de servicios (por ejemplo España, Italia, Polonia y Portugal) se benefician ahora de más variedad de servicios a mejores precios, manteniendo al mismo tiempo elevados estándares de protección de los intereses de los consumidores y trabajadores europeos. La Comisión ofrece hoy orientaciones sobre las necesidades de reformas nacionales en la reglamentación de servicios profesionales que tienen un gran potencial de crecimiento y empleo, a saber, los de arquitecto, ingeniero, abogado, contable, agente de patentes, agente inmobiliario y guía turístico. Se invita a los Estados miembros a evaluar si los requisitos profesionales cumplen los objetivos nacionales de política pública. Estas orientaciones complementan las evaluaciones del  Semestre Europeo al abordar de forma específica los requisitos aplicables a estas profesiones.
• Mejora de la notificación de los proyectos de legislación nacional sobre servicios: El Derecho de la UE ya obliga a los Estados miembros a notificar las enmiendas a normas nacionales sobre servicios a la Comisión para que esta y los demás Estados miembros puedan expresar desde el principio del proceso las inquietudes que puedan albergar sobre posibles incoherencias con la legislación de la UE. La Comisión propone hoy mejoras de este mecanismo para que el proceso sea más oportuno, eficaz y transparente.

Comisión Europea (10/01/2017)