Progresa el pilar europeo de derechos sociales: la Comisión aspira a promover la protección social universal.

La Comisión Europea ha iniciado hoy la segunda ronda de conversaciones con las organizaciones sindicales y patronales a nivel de la Unión para estudiar el modo de facilitar el acceso a la protección social de todos los trabajadores, incluidos los autónomos.

Es otro importante avance para que el pilar europeo de derechos sociales se haga realidad sobre el terreno, tan solo unos días después de su proclamación por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en la Cumbre Social de Gotemburgo.

En 2016, casi el 40% de los trabajadores de la Unión tenían empleos atípicos o por cuenta propia. La mitad de ellos corren el riesgo de no tener suficiente acceso a la protección social y otros servicios de empleo, según estimaciones. En nuestro actual mundo laboral cambiante están surgiendo nuevas formas de trabajo, y la gente cambia cada vez más de empleo y de tipo de contrato. En el mercado laboral va en aumento la cuota de empleo atípico y de trabajo autónomo, especialmente entre los jóvenes.

Siguiendo los principios del pilar europeo de derechos sociales, la Comisión pretende, sobre la base de las contribuciones, reforzar el acceso a la protección social de todas las personas. Por su situación laboral, las personas con empleo atípico y las autónomas no tienen un acceso suficiente y se ven por ello más expuestas a la inseguridad económica y a menor protección frente a los riesgos sociales. Al hacer frente a este reto se persigue el objetivo subyacente al pilar de que nuestros modelos sociales sean válidos en el futuro, y se aborda la equidad intergeneracional, al tiempo que aprovecha al máximo el mundo laboral del futuro.

A fin de alcanzar este objetivo, y en consonancia con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el compromiso de la Comisión con el diálogo social, la Comisión solicita la opinión de los interlocutores sociales al iniciar esta segunda fase de consultas. Los interlocutores sociales tienen ahora siete semanas para comunicar a la Comisión si están dispuestos a negociar. Paralelamente, también comienza una amplia consulta pública para recabar los puntos de vista de todas las partes interesadas: autoridades públicas, empresas, autónomos, trabajadores de plataformas y sociedad civil.

Sobre la base de las conclusiones de estas consultas, la Comisión se propone presentar una propuesta en el primer semestre del año próximo.