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Según el sindicato de funcionarios CSIF, 4.000 puestos de trabajo podrán perderse si para dentro de tres meses no se cambia la Ley de Registro Civil o no se aprueba la tercera prórroga para su entrada en vigor. La razón de ello estriba en que, de conformidad con la nueva ley, el Registro Civil pasará a ser competencia de las Comunidades Autónomas, lo cual producirá una disminución significativa del número de oficinas principales y, por extensión, de los puestos de trabajo.
Pero, además, según apunta el sindicato de funcionarios, “ni se han previsto los medios personales y materiales que precisa la Ley 20/2011 para su entrada en vigor con su redacción actual ni hay programa, ni hay reglamento ni hay personal de las Comunidades Autónomas con la capacitación para poner en marcha ese modelo de Registro civil”.
Por tanto, hasta que se inicie “la negociación sobre el modelo de Registro civil fijando y ordenando los medios personales y materiales adecuados, las competencias de cada cuerpo de Justicia y la puesta en marcha del programa”, que para el CSIF es la única manera de “garantizar el futuro del Registro Civil en la Administración de Justicia”, el sindicato ve perceptivo aprobar una nueva prórroga.
Tras el rechazo por PSOE, Ciudadanos y Podemos de la Proposición de Ley presentada por el Ministerio de Justicia, el sindicato de funcionarios CSIF urge al partido de Pablo Iglesias a presentar formalmente su propuesta de ley al pleno para su tramitación de forma inmediata en el Congreso.
