Informe Europeo de Pagos 2018 realizado por Intrum

Según los datos del Informe Europeo de Pagos que ha elaborado Intrum, la mitad de las empresas españolas recibe peticiones para alargar los plazos de pago.

Cada año se hace este Informe para saber el estado de las empresas y los plazos a pago y la morosidad de sus clientes. En primer lugar, se ha tenido en cuenta los datos del desarrollo económico (el PIB per cápita, la tasa de desempleo, la inflación y el crecimiento del PIB) de 2017. En segundo lugar, se tiene 3 en cuenta tres tipos de clientes: el B2C (los consumidores finales), el sector público y el B2B (business-to-business o las empresas). En cada apartado se hacen comparativas entre los datos de 2017 y los de 2018.

El primer apartado es el de impagos y dentro de él se plantean distintas cuestiones:

• El término medio que ofrece a los clientes. Aunque el año pasado el Sector Público tuvo más tiempo (59 días), el máximo se establece en 51 días para el Sector Público y las empresas.
• Tiempo que tardan en pagar los clientes (de media). Relacionado con el punto anterior, el Sector Público tardó 78 días en 2017. Este año el máximo lo establece también el Sector Público, pero en 56 días.
• Periodo más corto de pago. Relacionado con los puntos anteriores, para el Sector Público se marcó 40 días en 2017 pero este año se ha reducido a 25 días (siendo el máximo y también para las empresas).
• Plazo más largo de pago. En 2017, el Sector Público tuvo 89 días, pero este año el máximo lo establecen las empresas con 81 días.

Además, se redujeron las pérdidas por impago este año respecto a la facturación total en un 1,3% menos. Cuando a la mayoría de las empresas (un 80%) se les preguntó sobre el riesgo de sus deudores con respecto al año pasado opinaron que se mantendría estable. Asimismo, se reducen las principales causas de retraso del pago de sus clientes (dificultades financieras, conflicto sobre bienes y servicios prestados, ineficiencia administrativa y pagos atrasados intencionalmente).

Otro apartado eran las consecuencias de los pagos atrasados (Costes de interés adicional para la empresa, disminución de empleados, impedir el crecimiento de la empresa, no contratación de nuevos empleados, pérdida de ingresos, reducción de liquidez y riesgo de superviviencia). Se observa que en todas ellas se reduce el impacto en comparación con los datos de 2017. Así mismo, se reducen las precauciones establecidas para protegerse de los impagos como son las garantías bancarias, el seguro de crédito, revisar el crédito, el pago por adelantado, el cobro de deuda o el factoring y se optan por otras. Cuando se les preguntó sobre contratar, más empleados si los deudores pagasen antes, la mayoría (un 44%) dijo que “no, probablemente no”.  En un 82% no hizo cambios en las inversiones cuando se preguntó sobre si les había afectado las bajas tasas de interés a nivel mundial.

También se ha analizado el mercado de las criptomonedas, aunque por ahora los resultados muestran que no está del todo implantado. La mayoría de las empresas no aceptan criptomonedas digitales (94%), ni probablemente se plantearían en los próximos 2 años establecerlo como medio de pago (50%) ni disponen de ellas en su empresa (91%). En cuanto al apartado de plazo de pago, la mayoría de los deudores les ha solicitado aceptar condiciones de pago mayores de las que se sentían cómodos (50%) y de ellas, la mayoría provenían de una mutinacional (el 68%). Cuando le formularon la misma pregunta, pero teniendo en cuenta los datos de 2017, la mayoría respondía que no (55%). También se les planteó sobre el Nuevo Reglamento General de protección de datos de la UE (GDPR) y el posible impacto en las empresas. Su mayoría (34%) no creía que tuviera algún impacto en sus rutinas de pago y el 81% no sabía cuál es el coste total de su empresa para implementar el mismo. Finalmente, se tuvo en cuenta la legislación europea y la nacional.

Las conclusiones de este Informe en relación a las empresas españolas son:

• Los clientes B2C (Business-to-Consumer, es decir, “del negocio al consumidor” o “consumidor final”) son los que disfrutan de las mejores condiciones de pago. La media que se establece de días de pago en España es de 46 días, frente a la media europea de 23 días. Dentro de Europa, sólo Bosnia-Herzegovina supera a España por un día más de plazo.
• Las empresas conocen la normativa europea sobre la morosidad. El 51% de las empresas españolas del Informe -frente al 28% de la media europea- reconocen saber sobre la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad (la 2011/7/UE, del 16 de febrero de 2011).
• Pocas empresas añaden recargos por retrasos en los pagos. A pesar del conocimiento de la normativa europea sobre la morosidad, sólo el 12% de las empresas españolas reconoce acogerse al derecho de añadir un recargo mínimo de 40€ por retrasos en el pago. La media europea se sitúa por encima de este porcentaje en un 29%.