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El Gobierno eximirá de sanciones a los empresarios que regularicen voluntariamente el empleo sumergido antes del 30 de junio. Así se recoge en el borrador del real decreto ley de medidas de afloramiento del empleo sumergido que aprobará el Consejo de Ministros el viernes.
Las empresas tendrán que solicitar el alta de estos trabajadores en la Seguridad Social dentro del plazo señalado. Dichas altas retrotraerán sus efectos a la fecha de inicio de la respectiva prestación de servicios, con el límite máximo del 1 de enero de 2011, según el borrador. Por tanto, las empresas solo tendrán que pagar las cotizaciones desde el 1 de enero.
El ingreso de cotizaciones a la Seguridad Social podrá ser objeto de aplazamiento, y se eximirá la presentación de los avales que exige habitualmente la Seguridad Social.
Las empresas deberán hacer un contrato laboral legal al trabajador, que no tendrá que ser necesariamente indefinido como se exige ahora. Eso sí, no podrán beneficiarse de las bonificaciones que existen para la contratación.
No podrán acogerse a esta regularización voluntaria las empresas que tengan abierto un proceso de inspección de la Seguridad Social.
El Ministerio de Trabajo considera que el plan no se puede definir como una amnistía porque no se exime del pago, simplemente se reduce la cuantía para animar a resolver la situación. (Fuente: La Vanguardia)
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