El PP tiene ya en su poder los primeros informes que con carácter de urgencia ha pedido a la Secretaría de Estado de Hacienda y a la Intervención General del Estado sobre la situación de las cuentas públicas.
De un primer análisis se desprende que las autonomías y ayuntamientos tienen serias dificultades para cumplir con sus objetivos de déficit para este año (1,3% del PIB y 0,3% respectivamente). Por su parte, las cuentas del Estado mantienen un colchón, de unas nueve décimas de PIB, que garantiza el cumplimiento del 4,8%. Aunque los populares insisten en que habrá que ver con detalle todas las cifras, dos décimas corresponden a los ingresos obtenidos por la subasta del espectro radioeléctrico, otras tres al ahorro de 3.400 millones de los créditos para pagar los intereses de la deuda, otras tres más al anticipo del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades de las grandes compañías, y una décima al Impuesto de Patrimonio que tiene devengo de 31 de diciembre.
Sin embargo, la mayor parte de ese colchón se destinará a solapar el desfase de las cuentas de la Seguridad Social. El PP calcula que, frente a las cuatro décimas de superávit previstas para este año, la caja de las pensiones acabará con un déficit consolidado de al menos una décima.
Es decir, el diferencial negativo con la estimación inicial será de 5.000 millones de euros. Este resultado corresponde a la Seguridad Social, pero también a las cuentas del Inem y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En términos de contabilidad nacional, estas partidas computan dentro del sistema público de pensiones pero, desde el punto de vista de su financiación, se endosan a las cuentas de la Administración central. En 2010 este déficit consolidado fue ya del 0,2%.
La novedad ahora es que, por primera vez desde 1998, las cuentas individualizadas del sistema público de pensiones (excluyendo Inem y Fogasa) registrarán déficit, del que se salvaron en 2010 por los rendimientos del fondo de reserva. Ello se debe al mal comportamiento del empleo este año y, sobre todo, a la caída de la afiliación (360.000 personas en un año) por el estancamiento de la economía en el tercer trimestre y su casi segura contracción en los tres últimos meses del ejercicio. Hasta octubre, los ingresos han caído 3.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: El Mundo