Nuestros vecinos europeos nos duplican o triplican en medios contra el fraude fiscal

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se han comprometido en firme a reforzar la lucha contra el fraude fiscal al fijar un límite de seis meses para establecer el intercambio automático de información bancaria entre los países.

Por un lado, Italia ha introducido un sistema informático para combatir la evasión fiscal dirigido a quien ha consumido por «encima de sus posibilidades», al menos aquéllas que demuestra ante el fisco. Por el otro, China se suma a la lista de 20 economías industriales y en desarrollo que combaten el fraude, firmando un acuerdo para compartir los registros impositivos, según anunció la OCDE. Sin embargo, nuestro país con más del 20% del PIB en economía sumergida, ¿ha avanzado en los últimos tiempos o, más bien, ha recortado de igual manera en este campo?

José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, apunta que, a pesar de que el fraude fiscal se centre sobre todo en el rastro de las grandes fortunas «el 80% de los funcionarios está dedicado, actualmente, a las pequeñas irregularidades. Si pasas por una oficina de la Agencia Tributaria y miras el perfil medio de cualquier persona que está siendo investigada, te darás cuenta de que son pequeños autónomos, empresarios, profesionales».

Entretanto, el Estado español, desde que estallara la burbuja, no parece haber dedicado demasiados esfuerzos o, al menos, si atendemos a los nuevos pasos so pretexto de reducir la sangría fiscal que se escapa de Hacienda. Y más, cuando economistas y funcionarios coinciden en que es un problema de ingreso y no de gasto.

Eurostat publicó un informe el pasado mayo sobre la fiscalidad de la Unión Europea, desgranando, país por país, la presión fiscal de cada uno de los miembros. Referido a 2011, España se encontraría en el puesto 21 en presión fiscal con un 31,4% del PIB, frente a una media europea que se sitúa en el 38,8%. Esta sangría fiscal -13 puntos por debajo de Francia y diez de Italia- es responsable de una pérdida recaudatoria de 78.000 millones de euros cada año. Además, España detentaba el nivel más bajo en tasas indirectas con respecto al PIB de toda la Unión Europea.

Mientras, el Gobierno italiano ha puesto en marcha un nuevo sistema informático para luchar contra la evasión fiscal que, cruzando información procedente de 128 entidades financieras, permitirá detectar desviaciones superiores al 20% entre los ingresos declarados y los gastos de los contribuyentes.

Frente a ello, y teniendo en cuenta la supuesta falta de recursos de las autoridades fiscales, según un informe de Visa Europe, nuestra administración dedica un 54% menos de dinero que Italia y un 79% menos que Alemania para combatir el fraude.

José María Peláez, miembro de la Organización de Inspectores de Hacienda, ya comentó que «en Italia, Reino Unido o Francia, duplican e incluso, triplican los medios para atajar el fraude. Llevamos muchos años reivindicando que, así como en el área de la administración tributaria -atención al cliente- se ha desarrollado, la otra parte, la del fraude fiscal, hay muchas deficiencias. No hay efectivos suficientes. Si se pretende acabar con el fraude fiscal reduciendo la plantilla… es una actitud contradictoria».