Además de la comisión de expertos a la que ha encargado el Gobierno un documento sobre la reforma fiscal española, están otros analistas que han planteado algunas directrices para una de las legislaciones más importantes que hará el Ejecutivo de Rajoy este mandato. El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) presentó ayer un decálogo de 50 expertos sobre el proyecto: entre las medidas se pide la eliminación del Impuesto de Patrimonio y una armonización de Sucesiones y Donaciones entre las comunidades autónomas.
Este documento está firmado, entre otros, por Rafael Doménech (economista jefe de BBVA Research), Antonio Durán-Sindreu (presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales); Francisco Pérez (director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y Valentí Pich (presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España), entre otros.
Se recomienda suprimir el Impuesto sobre Patrimonio porque supone una recaudación mínima. En cambio, se recomienda mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sí bien con una importante reforma que armonice su normativa entre comunidades autónomas, indica uno de los puntos del decálogo presentado.
Precisamente esta reflexión va en la dirección contraria a las intenciones del Gobierno, que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) planteará a las autonomías la cesión total de Patrimonio para que regulen esta figura a su antojo.
Los expertos del IEB señalan en este sentido que hay que hacer efectiva la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos dotándolos de un mayor poder normativo, coordinado con el Gobierno central, algo en lo que probablemente incidirá la reforma que prepara el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Entre las peticiones de este organismo se encuentra también una supresión al máximo del alcance de las exenciones en el IVA, de los tipos impositivos reducidos y de los regímenes especiales.
En una visión general, los expertos reclaman que los impuestos estén bien coordinados entre sí y que sean más claros para la ciudadanía española.
Fuente: Expansión